Fiscal primero de la Unidad Integración de Justicia mandó 1 semana a la cárcel a mujer que se negó a darle 70 mil pesos, ella lo denuncia

Lo denuncia en la fiscalía anticorrupción por exigirle 70 mil pesos para no culparla de un delito que NO cometió

Veracruz, Ver.- Una denuncia ante la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción y otra queja ante la Comisión Estatal de Derechos Humanos –CEDH- fue el resultado de ocho días que la señora Edith “N” pasó en la cárcel luego de haber sido señalada por el Fiscal Primero de la Unidad Integral de Procuración de Justicia y por el Fiscal de Distrito de la Unidad Integral de Procuración de Justicia quienes la consignaron ante un juez de control por un accidente de tránsito sin pruebas.

La historia comenzó el 25 de junio pasado, en la ciudad de Veracruz, se vieron involucrados en un accidente de tránsito un motociclista y la señora Edith.

Presentó denuncia también ante la CEDH donde espera que Namiko Matsumot actúe

Los hechos sucedieron cuando el motociclista chocó contra el vehículo de la mujer y salió volando hasta tener lesiones de cuidado que lo llevaron de inmediato al hospital; la señora Edith en ningún momento se fue del lugar de los hechos, llegó tránsito y en su peritaje determinó que el motociclista no respetó la luz roja y manejaba a exceso de velocidad por lo que no pudo frenar, impactándose de manera dramática y lesionándose él mismo por la caída.

Pese a este peritaje oficial de la autoridad indicada, Edith fue detenida por un policía de nombre Jesús Alberto “N” quien de inmediato la llevó a la fiscalía regional en calidad de detenida, ahí el fiscal primero y de distrito determinaron mantenerla detenida y luego consignarla a un juez de control.

El peritaje de tránsito quedó asentado lo siguiente que no fue respetado por los fiscales antes mencionados:

“[…] por lo anterior, existe violación a los art. 101 “Por exceder los límites de velocidad establecidos” por parte del vehículo tipo motocicleta, y los art. 94 fracc. IV “por no respetar la luz roja del semáforo” y 171 “Por tener responsabilidad en un accidente”, […]”.

Le fue asignado un abogado de oficio el cual no hizo nada por defender el peritaje de tránsito así pasó la primera audiencia en que determinaron dejar en el penalito a Edith bajo los cargos de los cargos de daños culposos, lesiones y delitos contra la seguridad vial y los medios de transporte además de uso de documento falso.

La familia sabiendo del peritaje a favor de ella, ya no continuaron con el abogado de oficio porque antes de la segunda audiencia le dijo al esposo de Edith que si querían que ahí “muriera la bronca” el asunto tenían que arreglarse con el fiscal por 60 o 70 mil pesos.

Para la segunda audiencia Edith tuvo a la abogada Erika García quien con pruebas fehacientes y una argumentación apegada a derecho le demostró al juez de control las falsedades con que el fiscal primero acusó a Edith.

Para sorpresa de todos durante la audiencia quedó asentado cuando el juez de control le pregunta al fiscal primero si existía esa infracción contra la imputada como él lo argumentaba y lo que el fiscal primero respondió fue:

“[…] No, fue parte de la argumentación y una apreciación que tuve sobre el documento, […]”.

Ante esta respuesta carente de apegarse al derecho, el juez de control en turno viendo las pruebas en defensa de Edith ordenó su libertad inmediata pues no había elementos para continuar manteniéndola en la cárcel.

Edith procedió denunciando al Fiscal Primero ante la Especializada en Combate a la Corrupción y así quedó asentado el hecho ante la Fiscalía Anticorrupción:

 “…con argumentos falsos se logró que se decretara la legalidad de la detención, sin que entrara a estudio la legal retención, violando en todo momento mi derecho al debido proceso…”.

Y también precisó lo la exigencia de dinero que le hicieron al esposo de Edith: “…me decía (el fiscal) que había que entrarle con el dinero…”.

Luego de esto ya en libertad acudió a la Comisión Estatal de Derechos Humanos a interponer la queja correspondiente y espera que ambas denuncias sean investigadas y se proceda conforme a derecho contra estos servidores públicos de la Fiscalía General del Estado en la región Veracruz.

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