Rodrigo Chillitupa/ Desde la tierra de los Incas
En 1969, el Gobierno del general Juan Velasco Alvarado impulsó una serie de reformas para tratar de cambiar el panorama social que había en Perú. El objetivo era claro: darle un giro al entonces sistema de distribución de la riqueza que beneficiaba a los grandes grupos de poder y esclavizaba a los sectores más pobres. Así, la primera medida de Velasco fue la Ley de Reforma Agraria, cuyo fin apuntaba a transformar la estructura de la titularidad de las tierras del país por un régimen de latifundio y minifundio que dejará un sistema de redistribución equitativa de la propiedad rural. Tras decretarse esta ley, las tierras de los hacendados pasaron a manos de los campesinos y pequeños agricultores, quienes estaban agrupados en cooperativas y sociedades agrícolas.
Si bien la reforma agraria de Velasco no tuvo el éxito deseado por varios factores como la inexperiencia de los nuevos administrados, en este caso, los campesinos, hay que mencionar que, por primera vez, se puso en debate la problemática que existía en torno a la posesión de las tierras en las comunidades campesinas en Perú.
Según el historiador Nelson Manrique, para 1961, en la costa había cerca de 921 unidades productivas que poseían el 83% de la tierra mientras que las unidades de menos de 3 ha, que representaban el 83.2 % de los propietarios, controlaban apenas el 10% de la tierra. En ese sentido, añade que el panorama en la sierra, sin duda, era más calamitosa: allí existía un sistema de sujeción servil del campesinado en las haciendas, consolidado por la institución del gamonalismo.
¿Qué era el gamonalismo? Según el historiador Alberto Flores Galindo, era un sistema explotador de las masas campesinas en las haciendas de Perú. Los terratenientes feudales sometían a diversas labores a sus trabajadores para que les generaran una riqueza económica. Ahora bien, mencionó este contexto histórico a partir de lo que se ha desatado en Perú en los últimos días. Desde el lunes, más de 3 mil agricultores de la región Ica se vienen movilizando en busca de mejores condiciones laborales en un sector que ha experimentado un gran desarrollo como el agroexportador. Estos exigen la derogación de la Ley de Promoción Agraria, cuya firma se dio en octubre del 2000 por el régimen de Alberto Fujimori, quien cumple una condena de 25 años por delitos de lesa humanidad por los casos Barrios Altos y La Cantuta.
¿En qué consiste la mencionada ley? Simple. Apunta a flexibilizar el régimen tributario y laboral de las empresas que se dedican a las actividades agroindustriales. Por ejemplo, la tasa del Impuesto a la Renta se les reduce de 30% a 15%. Además, les da carta libre para contratar trabajadores por periodo temporales con sueldos no menor a los S/16 (88 pesos en México), si es laboraban más de cuatro horas diarias, que incorpora la CTS y gratificaciones. Las vacaciones solo se daban por 15 días.
La iniciativa tuvo su primera ampliación en 2006. Sin embargo, en diciembre del año pasado, el expresidente Martín Vizcarra decidió que tenga vigencia hasta el 2031. Hizo algunas modificaciones como que los trabajadores agrarios recibirán una remuneración diaria de S/ 39.19 soles diarios, lo que mensualmente ascendería a S/ 1,173.00 soles. Después, las vacaciones aumentarían a 30 días y la indemnización por despido arbitrario será de 45 remuneraciones diarios por cada año hasta llegar a un tope de S/360.
Sin embargo, la ley no se cumple en su totalidad y las empresas agroexportadoras siguen con su política de explotación de los agricultores. Por eso, el descontento se ha desatado en el sur del país contra una política agraria que, sin duda, ha mantenido un régimen de esclavitud en que los grupos de poder siempre se benefician a costa de la mano de obra que, por el contrario, gana poco y, encima, debe laborar en condiciones que, ciertamente, no resultan las más adecuadas. Más aún en un contexto de pandemia por la Covid-19. La situación se ha agudizado tras la muerte de un joven en la región La Libertad, donde también exigen un cambio por el régimen laboral que existen en las azucareras.
Al cierre de esta columna, el Ejecutivo había presentado una propuesta para mejorar el régimen agrario. Mientras el Congreso ha planteado su derogación definitiva. Pero, más allá de ambas propuestas, lo que se debe discutir no solo ahora, sino con un periodo más prolongado, es que cómo fijar un sistema para que peruanos que aún trabajan bajo un régimen de sometimiento, tengan un bienestar económico. Este tema se ha convertido como una de las grandes demandas sociales que se han mostrado con la pandemia del coronavirus.
Reportes del Ministerio de Agricultura apuntan que las regiones de Trujillo, Piura, Huancayo, Huancavelica, Puno y Cusco han sufrido las consecuencias: se han perdido hectáreas de cultivo de arroz y maíz. Y esta situación no se ha solucionado con el Bono Rural, cuyo desembolso de S/600 millones, que no ha llegado a todos los pequeños agricultores. Habrá que ver si la política agraria es integrada por los candidatos presidenciales en la campaña electoral del 2021.
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