Orizaba, Ver. – Los señalamientos que pesan en contra del Presidente Municipal, Igor Rojí López por el delito de abuso de autoridad y privación ilegal de la libertad, desaparición forzada, son respaldados con pruebas en la carpeta de investigación, número 1681/2020 por la víctima, Erika Carrillo Alvarado , por lo que el actual alcalde, está a punto de enfrentar un juicio político.
De acuerdo con juristas que apoyan esta denuncia, se trata de un acto legislativo, exclusivo de la Cámara de Diputados que tiene por objeto remover la inmunidad procesal (fuero) de los servidores públicos que señala el Artículo 111 de la Constitución para ponerlos a disposición de una autoridad judicial a fin de que ésta los juzgue por posibles delitos cometidos durante el desempeño de su encargo, a petición de los ciudadanos, los particulares con derecho o el Ministerio Público.
«La Cámara, como órgano acusador, emite la declaración de procedencia, pero no juzga, sólo elimina el fuero constitucional para que posteriormente el servidor público pueda ser juzgado, en caso de que se considere que existen elementos para suponer su probable responsabilidad».
Se espera que la Fiscalía general del Estado actué conforme a derecho y conforme la Carpeta de Investigación correspondiente, para que sea la instancia judicial que ordene el siguiente paso y sea el Congreso del Estado que emita la Declaración de Procedencia.
«La Ley Federal de Responsabilidades los Servidores Públicos establece que cuando se presente denuncia o querella por particulares o requerimiento del Ministerio Público, cumplidos los requisitos procedimentales respectivos para el ejercicio de la acción penal, se actuará en lo pertinente de acuerdo con el procedimiento en materia de juicio político ante la Cámara de diputados
Para tales efectos, la Comisión Jurisdiccional, a través de la Sección Instructora, deberá rendir su dictamen en un plazo de 70 días hábiles, salvo que fuese necesario disponer de más tiempo, a criterio de la Sección. En este caso, se observarán las normas acerca de ampliación de plazos para la recepción de pruebas en el procedimiento referente al Juicio Político. Esto es, si al concluir el plazo señalado no hubiese sido posible rendir dictamen podrá ampliarse en la medida que resulte estrictamente necesario.
Trascendió que el «pleito» en el que se inmiscuye el alcalde de Orizaba, tiene intereses familiares, sin embargo, sus representantes legales intentan a toda costa «solucionar» mediante el aspecto económico como siempre lo han hecho estas instancias.
La abogada, Erika Carrillo, recuerda que el alcalde usó a la policia municipal para mandarla a detener, en un acto de abuso de autoridad pues ella representa a un cliente que tiene un problema con su primo Adrián Rojí Pereda, y no con el ayuntamiento ni con el edil, por lo que no debía usar a la policia para detenerla, amenazarla e intimidarla.
También lo hace responsable de cualquier atentado contra su vida o de si algo le llega a suceder. «Solo exijo justicia», insistió.
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