Ciudad de México. A un año del feminicidio de Ingrid Escamilla, encontrada sin vida el 9 de febrero de 2020 en la Ciudad de México, el Congreso capitalino reformó el Código Penal local para sancionar con cárcel a personas servidoras públicas que distribuyan imágenes de investigaciones vinculadas con hechos delictivos.
La reforma aprobada este martes 23 de febrero y conocida como “Ley Ingrid”, surgió en 2020 como propuesta de la titular de la Fiscalía General de Justicia de la capital (PGJ), Ernestina Godoy Ramos, y en respuesta ante la indignación social después de que medios de comunicación reprodujeron fotos del cuerpo de la joven de 25 años de edad.
Los periódicos “Metro”, de Grupo Reforma; “El Gráfico”, de El Universal; “La prensa”, de Organización Editorial Mexicana (OEM); “Pásala”, de Grupo Editorial Notmusa; así como la edición de Jalisco del diario “Página 24” reprodujeron la imagen de la víctima, acompañada de titulares sensacionalistas, un hecho que provocó una manifestación multitudinaria contra la prensa, el 14 febrero de 2020.
Ante la exigencia del movimiento feminista para sancionar a los funcionarios responsables que filtraron estas imágenes a los medios, la misma semana en la que ocurrió el crimen la FGJ envió al Congreso una propuesta de reforma al artículo 293 quáter del Código Penal de la Ciudad de México, a fin de combatir “la violencia mediática de género”, como calificó este hecho.
Enhorabuena por la aprobación de la #LeyIngrid la cual modifica el código penal de la #CDMX y permite sancionar con prisión a servidores públicos que difundan imágenes o información de procedimientos penales. https://t.co/SYiXK4AH1q
— Ernestina Godoy Ramos (@ErnestinaGodoy_) February 24, 2021
¿Qué dice la reforma?
La reforma dice que se sancionará con prisión a la persona servidora pública que de forma indebida difunda información reservada o documentos del lugar de los hechos o del hallazgo relacionado con algún procedimiento penal. La sanción será de dos a seis años de prisión y una multa de 500 a mil Unidades de Medida y Actualización (UMA).
La redacción del artículo dice que se sancionará “a la persona servidora pública que, de forma indebida difunda, entregue, revele, publique, transmita, exponga, remita, distribuya, videograbe, audiograbe, fotografíe, filme, reproduzca, comercialice, oferte, intercambie o comparta imágenes, audios, videos, información reservada, documentos del lugar de los hechos o del hallazgo, indicios, evidencias, objetos, instrumentos relacionados con el procedimiento penal o productos, con uno o varios hechos señalados por la ley como delitos”.
Al fundamentar el dictamen, el presidente de la Comisión de Administración de Justicia del Congreso, el diputado de Morena, Eduardo Santillán Pérez, destacó que la reforma busca proteger los derechos de víctimas, en especial de las mujeres.
Este nuevo delito precisa que las sanciones previstas aumentarán en una tercera parte si la información que se difunde es con el fin de menoscabar la dignidad de las víctimas o de sus familiares; y si se trata de cadáveres de mujeres, niñas, o adolescentes, de lesiones o del estado de salud de la víctima.
El dictamen que entrará en vigor cuando sea publicado en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México también incluyó las propuestas de las diputadas Isabela Rosales Herrera, de Morena, Gabriela Quiroga Anguiano, del PRD, y Ana Patricia Báez Guerrero, del PAN.
El objetivo de este cambio también es sancionar la exhibición o tratamiento mediático como una forma de espectáculo de los crímenes de género, una situación que agrava los daños emocionales en las víctimas indirectas y sociales de estos casos, de acuerdo con la Fiscalía capitalina.
Cambios similares en Oaxaca y Colima
En otros congresos se han promovido reformas similares a la llamada “Ley Ingrid”, todas impulsadas después de conocer el tratamiento mediático de este caso. Hasta ahora Colima y Oaxaca han aprobado cambios normativos que retoman la propuesta de la Fiscalía de la Ciudad de México. En el caso de Oaxaca aún falta que los cambios sean publicados para que entren en vigor.
En Oaxaca, el pasado 17 de febrero el Congreso aprobó la reforma para agregar la fracción VII al artículo 207 del Código Penal estatal. Para las y los diputados era necesario castigar la difusión no autorizada de imágenes por vulnerar el derecho al resguardo de la identidad de las víctimas y sus Derechos Humanos. www.cimacnoticias.com.mx
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