CIUDAD DE MÉXICO (apro).- La Cancillería difundió este lunes versiones públicas –es decir, testadas– de los contratos que el gobierno mexicano celebró con empresas farmacéuticas para adquirir vacunas contra el covid-19 y que actualmente se utilizan en la campaña nacional de vacunación.
En los documentos que dio a conocer no aparecen los precios ni las cláusulas clave de los acuerdos, como los relativos a “eventos adversos” o posibles efectos secundarios de los productos.
Los seis contratos, –transparentados en partes– fueron negociados por la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) y firmados por Jorge Alcocer Varela, titular de la Secretaría de Salud. En los documentos divulgados hoy sólo pueden leerse los aspectos menos relevantes de los acuerdos, pues los amplios cuadros negros ocultan las partes técnicas relativas a los precios, las modalidades de entrega o las cláusulas sobre reclamos, por ejemplo.
Durante el evento de presentación de la Plataforma de Gestión Diplomática de Vacunas, que el gobierno habilitó para consultar los contratos, el canciller Marcelo Ebrard Casaubón presumió que México es “uno de los primeros cinco países del mundo que publica” parte de los contratos, e insistió en que “estamos bastante arriba en términos de transparencia”.
Desde que el gobierno mexicano empezó las gestiones diplomáticas y financieras para comprar las vacunas, hubo un reclamo de organizaciones y medios de comunicación para dar a conocer los contenidos de los contratos. Y la opacidad que los envuelve no sólo existe en México, sino en todos los países del mundo.
En la conferencia matutina del pasado 10 de enero, el presidente Andrés Manuel López Obrador incluso prometió que se transparentarían los contratos, pero al día siguiente Ebrard dijo que eso no sería posible, debido a las cláusulas de confidencialidad incluidas en los mismos.
Cinco meses después, el gobierno mexicano divulgó la versión pública de seis contratos, en un evento encabezado por Ebrard, que se llevó a cabo con la presencia de representantes de la Secretaría de la Función Pública (SFP) y del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI).
En el contrato con la farmacéutica estadunidense Pfizer –en realidad, con una de sus filiales en Holanda–, el gobierno mexicano tachó un párrafo sobre los “esfuerzos comercialmente razonables”, “privilegios e inmunidades”, el cronograma de entregas, los faltantes del producto, los riesgos de pérdida, las facturas y los pagos, una parte sobre los impuestos, sobre las condiciones de rechazo de los productos o los desvíos, así como sobre las “garantías de Pfizer”.
En el documento también está testada la parte relativa a la indemnización, los seguros y responsabilidades, la información confidencial y la parte final de “disposiciones varias”. Y los anexos en los cuales aparecen el precio y las especificidades del producto simplemente no fueron incluidos en la plataforma.
Respecto al contrato con la empresa LATAM Pharma –vendedora de la vacuna desarrollada por el laboratorio chino CanSino–, se tacharon las partes relativas a la compra, entregas, calidad, “precio y pago”, indemnizaciones y responsabilidades de las proveedoras, así como los términos de conclusión del contrato.
En el contrato que el secretario de Salud, Jorge Alcocer Varela, firmó con el laboratorio chino Sinovac Life Science Co Ltd en febrero, para comprarle 10 millones de dosis de su vacuna, el gobierno mexicano testó partes sobre el proceso regulatorio del biológico, las órdenes y los precios de compra, el método de pago, la entrega del producto –a través de la importación y exportación–, la aceptación final, las quejas y los “eventos adversos y eventos adversos serios”.
También escondió la parte dedicada a la devolución de productos, la mayor parte de los anexos y un párrafo sobre la parte anticorrupción.
En el texto que ampara la compra de la vacuna de AstraZeneca se tacharon las partes relativas a los precios, desechos, facturas, almacenamiento, así como sobre los productos defectuosos, sobre la seguridad del producto, cuestiones de propiedad intelectual, terminaciones, las indemnizaciones, los procesos o las exenciones de garantías.
El único documento que fue transparentado casi en su totalidad fue un acuerdo de opción de compra con la Alianza GAVI, que encabeza el mecanismo internacional COVAX, mismo que distribuye vacunas de AstraZeneca en diversos países del mundo; sin embargo, este acuerdo tampoco incluye el precio de adquisición.
¿Cuánto se habrá robado de ese dinero para tener que esconderlo?
Son unos verdaderos corruptos vividores, y tienen que hacerle compañía a Duarte, por ratas pero también por el genocidio de miles de mexicanos por el COVID más los niños con cáncer y demás enfermos que han matado sin el apoyo que señala la Constitución como derecho de los mexicanos: servicio médico y medicinas, y claro, no olvidar la gente que falleció en la línea 12 del metro, gracias a este par.