Hijas de Rogelio Franco ex secretario yunista denuncian es preso político para impedir ser diputado federal

Las hijas de Rogelio Franco insisten que su padre es preso político del gobierno de Cuitláhuac García que cumple ordenes de Duarte para el que operan

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- Las hijas de Rogelio Franco Castán, diputado electo por el Partido de la Revolución Democrática (PRD), entregaron esta mañana una carta al presidente Andrés Manuel López Obrador, donde denunciaron “persecución política” contra su padre por parte del gobernador de Veracruz, Cuitláhuac García, y demandaron su inmediata libertad.

Señalaron que a Franco lo mantienen en prisión injustificada y le siguen fabricando delitos para evitar que tome protesta en la próxima Legislatura.

En la carta, Mina Viviana y Luisa Fernanda Franco sostienen que la justicia no debe usarse para violentar derechos, y piden al presidente de la República, a la Secretaría de Gobernación, al consejero jurídico y al fiscal general de la República, que soliciten una copia del expediente para que constaten las violaciones en el proceso legal.

Una de esas violaciones, puntualizan, es el retraso de su audiencia en tres ocasiones, además de que –subrayan– le fincaron nuevos delitos, supuestamente en agravio de Arturo Bermúdez Surita, secretario de Seguridad Pública en la administración del priista Javier Duarte.

De acuerdo con las jóvenes, su padre se encuentra en el penal La Toma, en el municipio de Amatlán de los Reyes, inicialmente por “ultrajes a la autoridad”, pero se está utilizando a los órganos de procuración de justicia para fabricarle nuevos delitos con el fin de mantenerlo preso.

Acompañadas de familiares y amigos, quienes protestaron frente a Palacio Nacional, exigieron la liberación de Franco antes del 1 de septiembre, fecha en que deberá tomar protesta como diputado federal.

En el escrito detallan que su padre se encuentra encarcelado desde el pasado 13 de marzo, y sistemáticamente ha sido víctima de violación a sus derechos humanos, pues la Fiscalía del estado de Veracruz ha manipulado los hechos para evitar que quede en libertad, violentando sus derechos político-electorales.

Además, responsabilizan directamente al gobernador Cuitláhuac García, quien –sostienen– ha estado “fabricando” delitos y “juicios” para que Rogelio Franco Castán no tome protesta el próximo 1 de septiembre. Asimismo, denuncian que en las audiencias no se han valorado todas las pruebas a favor de su padre y que la Fiscalía ha ejercido abuso de autoridad.

“Sr. Presidente, usted ha dicho que no hay presos políticos en el país, pero en Veracruz sí los hay y Rogelio Franco Castán es uno de ellos”, afirman.

Rogelio Franco Castán, diputado federal electo en el estado de Veracruz, fue aprehendido por el “delito de ultrajes”, declarado inconstitucional por la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) en el Amparo Directo en Revisión 2255/2015.

Con motivo de la concesión de amparo dentro del juicio de garantías 121/2021-I, el diputado federal electo debiera estar en libertad, “pues el juez ordenó reponer la audiencia para ofrecer todos los datos de prueba y que éstos sean debidamente valorados por el juzgador”, destaca la carta.

Además de lo anterior, de manera ilegal, inconstitucional y arbitraria, el pasado miércoles 11 se llevó a cabo una “farsa” de audiencia para seguirlo manteniendo en prisión, añade.

Según las denunciantes, la Fiscalía del estado de Veracruz le inventa nuevos “delitos” a su padre, entre ellos uno que tiene que ver con el combate a la corrupción durante el gobierno de Javier Duarte, añade.

En los hechos, recalca, la nueva acusación del gobernador Cuitláhuac en contra de Rogelio Franco defiende al exgobernador Duarte e intenta regresarle a éste los bienes incautados, resultado de la corrupción.

La “farsa” de audiencia se efectuó a la 01:38 del jueves 12 ante el juez de Control Adscrito al Juzgado de Proceso y Procedimiento Penal Oral del Décimo Primer Distrito Judicial de Xalapa, con sede en Pacho Viejo, donde su titular, Gregorio Esteban Noriega Velasco, “grotescamente” se pronunció sobre una presunta comisión de los delitos de extorsión, abuso de autoridad y contra la administración y procuración de justicia, cometidos supuestamente en agravio de Arturo Bermúdez Zurita, quien fue secretario de Seguridad Pública en la administración de Javier Duarte.

“C..,e ellas su complicidad con Javier Duarte, quien le financió la campaña para ganar las elecciones hace 3 años”, afirman en su carta las hijas del diputado electo.

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