Feministas exigen capacitación de personal para interrupciones legales del embarazo y educación sexual laica con perspectiva de género

- en Sociedad

Veracruz, Ver. Luego del fallo de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, el Movimiento Amplio de Mujeres Veracruz-Boca del Río (MAMVBVER) exigió que los gobiernos deben garantizar el acceso de las mujeres y niñas a los servicios de salud cuando lo requieran para una interrupción legal del embarazo e integrar en los sistemas educativos programas de educación sexualidad integral, laicos, con bases científicas, con perspectiva de género y progresivos según edad e intereses,  desde la niñez para que puedan tener efectos preventivos y formar jóvenes capaces de tomar decisiones convenientes, seguras, asertivas y responsables en su vida sexual, afectiva, relacional y reproductiva.

Al mismo tiempo de pronunciarse también señalan la necesidad de capacitar a todo el personal que interviene en una interrupción legal del embarazo y proporcionar los recursos y presupuestos suficientes e  informar a todas las mujeres de la existencia de este servicio.

A la sociedad civil dicen toca vigilar que todo esto se realice y que no se sigan encarcelando mujeres y niñas por esta causa; los beneficios de respetar y garantizar sus derechos humanos a las mujeres y niñas alcanzarán a toda la sociedad ya que contribuirá a un mayor desarrollo humano, social y económico del país, señalan  las integrantes de MAMVBVER.

Recordaron que el sistema de justicia penal debe liberar a las mujeres que estén en la cárcel por aborto, eliminar las carpetas iniciadas por esta causa y culminar procesos.

Desde el MAMVBVER reconocemos el gran avance que esto representa porque, lo hemos repetido muchas veces, el encarcelamiento de mujeres y niñas no resuelve el problema de salud pública que es el aborto inseguro en México, el cual es consecuencia directa de los embarazos no deseados que son también un problema de salud pública”; aclaran.

La penalización no evita ni disminuye los abortos, solo obliga a las mujeres a realizarlos en forma clandestina e insegura para su salud y sus vidas; los problemas des pública el gobierno es el que tiene la obligación de atenderlos para erradicarlos. Para esto se requiere atender a sus causas con estrategias eficaces.

«Las causas de los embarazos no deseados son multifactoriales y se sabe que se encuentran en condiciones adversas de vida de las mujeres y niñas; se requiere conocer y cambiar esas condiciones adversas por condiciones favorables de vida para las mujeres y niñas”; insisten.

Las recientes resoluciones de la SCJN, dejaron en claro que es inconstitucional usar la protección de la vida desde su concepción para criminalizar y restringir sus derechos a las mujeres y personas gestantes, pues la protección de las mujeres no se da por la maternidad sino por el hecho de su dignidad humana como persona.

 

Con estos argumentos y otros la SCJN sentó jurisprudencia para fundamentar la inconstitucionalidad de la penalización y criminalización del aborto voluntario en Coahuila, y servirá para todos los Estados; señalaron al decir que se congratulaban por tales fallos.

 

 

 

 

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