CDMX.- Una investigación realizada por el periodista Carlos Loret de Mola, deja al descubierto una brutal red de corrupción con que el Ejército Mexicano bajo el mando del general Luis Crescencio Sandoval, operó la construcción del Aeropuerto Felipe Ángeles, contratos sin licitación y a empresas fantasmas, misma técnica que ha empleado la Cuarta Transformación en los 3 años en el poder, todo al margen de la ley.
Para la construcción del Aeropuerto Felipe Ángeles, la secretaría de la Defensa Nacional ha adjudicado contratos sin licitación a empresas fantasma, con direcciones falsas; a otras señaladas por corrupción y desvíos de recursos; compañías dedicadas a giros ajenos a la ramo de la construcción e incluso pequeños negocios propiedad de personas físicas.
A la empresa Eficaren, Eficiencia y Calidad en Rentas, se le han asignado cinco contratos de manera directa por cinco millones de pesos para la renta de tractocamiones; para tal efecto, dicha empresa registró una dirección falsa en la colonia Las Brisas en la ciudad de Puebla. Anteriormente, esa misma firma prestó servicios por renta de juegos inflables y mobiliario para eventos sociales al municipio de Atempan, Puebla, para lo cual dio otra dirección falsa en la colonia Roma Sur de la Ciudad de México.
La firma fue creada en diciembre de 2014 por Rosa Icela Múgica Durán y José Mauricio Flores Rodríguez; la primera, registró en el acta constitutiva una dirección en la Unidad Infonavit La Victoria en Puebla, pero los vecinos refirieron que los moradores de la vivienda habían sido desalojados cinco años antes y desde entonces se encontraba abandonada. El otro socio dio un domicilio en la colonia Anzures en la capital poblana, pero en él dijeron no conocerlo.
En una revisión que la plataforma Latinus hizo de 966 contratos que la Sedena ha asignado entre 2019 y 2021, se encontró que en las obras del nuevo aeropuerto participan, además de empresas fantasma, firmas investigadas por corrupción y desvío de recursos.
En los documentos analizados se detectó que siete cada diez contratos fueron otorgados por adjudicación directa y los tres restantes, por invitación restringida a grupos de tres proveedores. Esto es, la Sedena en ningún momento abrió la posibilidad de concursos abiertos a la competencia para buscar mejores precios, tampoco recurrió a contratos marco ni involucró a testigos sociales para evitar actos de corrupción.
De las 432 empresas contratadas para esta obra, solo 28 están inscritas en el Registro Único de Proveedores y Contratistas del Gobierno Federal y sólo 10% en el registro de proveedores de la Sedena. Asimismo, el 25% de los contratos han sido otorgados a personas físicas.
Destaca el caso de Luis Soto Montoya, a quien se le han otorgado por adjudicación directa un total de 22 contratos por un monto de 78.8 millones de pesos para la compra de material hidráulico; se trata del dueño de una pequeña tlapalería de la colonia Tacuba, en la Ciudad de México, a quien se le han comprado 514 mil 429 piezas de plomería, cisternas y mangueras a 12 de los 26 frentes de construcción en que está dividida la obra.
La dependencia castrense también ha contratado los servicios de empresas que están bajo investigación por desvío de recursos; tal es el caso de Consorcio Constructivo y Arquitectónico de Puebla SA de CV, firma que obtuvo su primer contrato el 17 de octubre de 2019, quince días después de que el gobierno de Puebla iniciara una investigación en su contra por el desvío de 29 millones de pesos por unas obras viales que nunca se hicieron. Aun así, en total ha recibido ocho contratos en la obra del Aeropuerto Felipe Ángeles.
Otro caso similar es el de Mercantil Abalon, a la que la Sedena le dio un contrato por 19 millones de pesos por la renta de maquinaria pesada. La dirección registrada por la empresa en la colonia La Paz, en Puebla, es falsa.
En el Aeropuerto Felipe Ángeles también se dieron contratos a proveedores que anteriormente participaron en las obras del Aeropuerto de Texcoco, cancelado por el gobierno acusando corrupción. Tal es el caso de Minas de la Industria del Progreso, a la cual se le han otorgado siete contratos por 21 millones de pesos por acarrear material pétreo.
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