Londres, Inglaterra.- La Corte de Magistrados de Westminster, en Londres, autorizó este jueves la extradición a México de Karime Macías Tubilla, ex primera dama de Veracruz, reclamada por las autoridades mexicanas por supuesto fraude.
El juez del caso, Paul Goldspring, dijo en una vista judicial que las pruebas son suficientes para autorizar la extradición de quien fuera la esposa de Javier Duerta de Ochoa, exgobernador de Veracruz detenido desde el 2017.
No obstante, el magistrado indicó que remite el caso a la ministra del Interior, Priti Patel, quien es la responsable última de dar el visto bueno final a la entrega de Macías Tubilla a México.
México solicitó la extradición de Karime Macías en relación a fraudes supuestamente cometidos en el Sistema Estatal para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF) de Veracruz, pero que ella rechaza.
Macías Tubilla estaba en el Reino Unido cuando en octubre de 2019 recibió una notificación policial para presentarse en una comisaría de Westminster, barrio del centro de la capital británica, a raíz de una orden de extradición remitida a través de Interpol.
En ese momento, la exprimera dama de Veracruz quedó en libertad bajo fianza, antes de que empezara el proceso legal de extradición.
Durante las vistas celebradas en la Corte de Magistrado de Westminster, a cargo del juez Paul Goldspring, tanto el abogado de Karime Macías, Aaron Watkins, como el del gobierno mexicano, Mark Summers, expusieron sus argumentos sobre la extradición.
Según Watkins, Karime Macías no estuvo al frente de los supuestos fraudes en el DIF y aseguró que se ha solicitado la extradición sin presentar pruebas sobre los crímenes económicos que se le imputan, sino que se trata de acusaciones basadas en sospechas.
Asimismo, el letrado rechazó el vínculo «ilícito» de Karime Macías con su exesposo, que ha sido condenado a nueve años de prisión por asociación delictuosa y lavado de dinero, y negó que los nombramientos que hizo Duarte en el DIF tuvieran conexión con ella.
El abogado de las autoridades mexicanas argumentó que las pruebas de fraude son completas y convincentes, y mencionó los testimonios de Laura Elena Vega Martínez, quien fuera jefa del departamento de licitaciones del DIF.
Summers defendió, además, las garantías de seguridad ofrecidas por el Gobierno mexicano.
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