Ciudad de Mexico.- Los mecanismos creados para proteger al gremio periodístico en Colombia, Honduras, Brasil y México han sido insuficientes, por eso es necesario que involucren a otras instituciones para fortalecer la prevención de la violencia contra la prensa y garantizar la responsabilidad judicial cuando ocurren estos crímenes, aseguró Reporteros Sin Fronteras (RSF).
Al presentar el informe “Bajo riesgo: cómo superar las deficiencias de los programas de protección de periodistas en América Latina”, que se lanzó de forma virtual este 22 de febrero, el director de la Oficina de América Latina de RSF, Emmanuel Colombié, explicó que este informe llega en un momento de vulnerabilidad para las y los comunicadores de región.
En esos cuatro países, en los últimos 10 años –dijo– al menos 134 periodistas han sido asesinados por causas relacionadas con su labor periodística y son los países donde se concentra 90 por ciento de los crímenes en la región. En 2022 sumaron siete asesinatos más, cinco de las cuales ocurrieron en México:
Periodistas asesinados en 2022 en México
José Luis Gamboa Arenas, 10 de enero, Veracruz.
Margarito Martínez Esquivel, 17 de enero, Baja California
Lourdes Maldonado López, 23 de enero, Baja California.
Roberto Toledo Barrera, 31 de enero, Michoacán.
Heber López Vásquez, 10 de febrero, Oaxaca.
Emmanuel Colombié señaló que es fundamental que las políticas y mecanismos de protección involucren otros órganos e instituciones para fortalecer la prevención de la violencia contra las y los periodistas y la responsabilidad judicial, además de combatir la impunidad, un aspecto que debe ser esencial en la protección del gremio.
México, el país con más periodistas asesinados
En el caso de México, desde 2012 se expidió la Ley para la Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas, y su Mecanismo de Protección, del mismo nombre, el cual se encarga de analizar la situación de cada periodista en riesgo y otorgar medidas de protección. El Mecanismo cuenta con una unidad de Recepción de Casos y Reacción Rápida; otra de Evaluación de Riesgos, y una más de Prevención, Seguimiento y Análisis.
La directora de la organización Intervozes e integrante del Comitê Gestor da Internet no Brasil, Bia Barbosa, quien colaboró en la elaboración de este informe, explicó que la sociedad civil mexicana que defiende la libertad de expresión ayudó a mejorar la atención que ofrece el Mecanismo, pero aun así México es el país donde más periodistas bajo protección del Estado han sido asesinados.
De acuerdo con la Secretaría de Gobernación, a la fecha hay mil 539 personas beneficiarias: 507 son periodistas (138 mujeres y 369 hombres) y mil 032 personas defensores (559 mujeres y 473 hombres). A decir de esta dependencia, el Mecanismo no ha evitado la violencia contra la prensa por lo que desde enero organiza foros para redactar una nueva ley de protección que sustituya la norma vigente desde hace una década.
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Según los datos de RSF, en la última década al menos 1 0 periodistas mexicanos fueron asesinados a pesar de tener medidas de protección. Además, detalló Bia Barbosa, la elaboración de planes de protección pueden tardar hasta un año y los refugios temporales para personas en riesgo se convirtieron en realidad en asentamientos permanentes.
Impunidad, un problema a atender
En la presentación de este informe la Consejera Regional de Comunicación e Información para América Latina y el Caribe de la UNESCO, Rosa María González, destacó que las y los periodistas son asesinados por informar, pero destacó que las mujeres son “las grandes víctimas” de los ataques en línea. De acuerdo con la UNESCO, dijo, 73 por ciento de las mujeres periodistas se han enfrentado a una forma de violencia en línea.
Por su parte, el relator especial para la Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, Pedro Vaca, destacó que el informe profundiza dos temas: la inversión o los recursos, que no ha frenado la violencia; y desagrega variables como el género. Agregó que la violencia contra periodistas adquiere nuevas formas y dimensiones como la violencia en línea y los discursos estigmatizares por parte de funcionarios públicos.
Señaló que la Relatoría ha puesto el acento en la atención diferenciada para mujeres periodistas, pero coincidió en que falta voluntad política para proteger a las y los periodistas. En este contexto, el relator llamó a reconocer y legitimar el valor de la prensa y a repudiar en todo momento los delitos en contra de este gremio.
En su oportunidad, el oficial de la Oficina de la Alta Comisionada de los Derechos Humanos de Naciones Unidas en Honduras, Ricardo Neves, destacó que hay un largo camino para garantizar una “protección cabal” a periodistas, porque uno de los principales obstáculos es la falta de responsabilidad y de voluntad política y ver los mecanismos de protección como algo aislado.
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