Xalapa, Ver.- Al concederle un amparo, Heber Rafael Galán Contreras, se convirtió en el primer liberado en Veracruz, acusado del delito de ultrajes a la autoridad.
Al respecto, su abogado, Carlos García explicó que el acusado, fue vinculado a proceso el 15 de octubre del año pasado y enviado al penal de Pánuco.
En enero del presente año, los hermanos José Antonio y Heber Galán Contreras, fueron detenidos por el presunto delito de ultrajes a la autoridad, al negarse a ser despojados de su terreno, en el municipio de Apazapan.
Desde octubre del 2021, representantes de la empresa Cementos Moctezuma llegaron junto con policías estatales de la delegación Xico a su terreno, ubicado en el camino a Cantil Blanco, en el municipio de Apazapan, sitio que es paso obligado de los camiones de la cementera para extraer materiales de la cantera.
Sin embargo, los hermanos iniciaron con la colocación de una cerca e impedir el ingreso de las unidades luego de varios intentos de despojo, por lo que sin motivo alguno fueron detenidos por policías estatales.
Pese a que los propietarios contaban con una resolución judicial que establece que el mencionado camino no es público y la escritura del terreno los acredita como dueños; sin embargo, los acusaron de “ultrajes a la autoridad”.
En el expediente, se dijo que los hermanos Galán Contreras atacaron con cuchillos a los agentes y se les señaló de haber sostenido con ellos una pelea que duró varios minutos. Curiosamente, cuando se certificó el estado de salud de los detenidos, ninguno presentaba lesiones, ni siquiera un moretón.
Además de una detención arbitraria, los elementos de la policía les arrebataron celulares y se los llevaron al penal de Pacho Viejo y posteriormente, sin avisar a su defensa, fueron trasladados a los penales de Tuxpan y Pánuco.
Esta semana, la Suprema Corte de Justicia determinó que los más de mil detenidos desde el 12 de marzo de 2021, acusados por el delito de ultrajes a la autoridad, podrán salir en libertad. Los efectos de la declaratoria surtieron efectos una vez que la Suprema notificara al Congreso del Estado, al Poder Ejecutivo, al Poder Judicial, a los Tribunales Colegiados en Materia Penal del Séptimo Circuito así como a los Tribunales Unitarios, Juzgados de Distrito y al Centro de Justicia Penal Federal, así como a la Fiscalía General del Estado (FGE).
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