Hace seis años, el órgano de fiscalización de Veracruz detectó posibles desvíos de recursos en contratos asignados a una red de 28 empresas encabezada por David Enrique Terrón González. A la fecha, pese a los cambios de gobierno estatal, nadie ha sido sancionado penal o administrativamente.
Por Ernesto Aroche Aguilar/ Animal Político
El 26 de octubre de 2016, Ángel Armando López llegó a la colonia Inmecafé de Xalapa, Veracruz, buscando la calle Tapachula del fraccionamiento Ánimas Indeco. Tenía la misión de notificar a la empresa Adso de México que el gobierno de Veracruz había decidido rescindir el contrato por más de 37 millones de pesos que en 2014 le había otorgado la Secretaría de Desarrollo Social del estado por la compra de material para atender un programa de mejora de techos para población vulnerable. La empresa nunca entregó el material, de acuerdo con los archivos de la dependencia.
—Sí, esta es la calle Tapachula —le respondió el dueño de una tienda ubicada sobre esa vialidad—, pero no forma parte del fraccionamiento. La calle está dentro de la colonia Inmecafé.
Una vista al mapa de la ciudad que Google ofrece en internet confirma lo dicho por el tendero: la calle Tapachula bordea la colonia, pero está fuera del fraccionamiento.
A pesar del primer indicio de que la dirección era falsa, el funcionario del gobierno veracruzano recorrió la vialidad sin encontrar ni el número ni la empresa ni a su socio principal y representante legal, David Enrique Terrón González, que presume ser contador, aunque en la página de Cédulas Profesionales no hay registro de ello.
Lo que Ángel Armando López encontró en el lugar fue nada, un hueco en la calle y la numeración: un terreno baldío.
Así lo consignó en el acta que entregó a sus superiores: “No es posible localizar el número que busco en virtud de que no existe ya sea consistente en casa o local comercial que tenga asignado el número 75 en esa calle Tapachula, de tal suerte que el lugar o inmueble al que correspondería esa numeración (75) se encuentra un lote baldío”.
La dirección de Xalapa que buscaba el funcionario estatal fue anotada como el domicilio donde la empresa Adso de México recibiría notificaciones y comunicación oficial del gobierno veracruzano por su relación comercial de varias decenas de millones de pesos. Una dirección inexistente.
Adso de México es, además, el primero de los nodos de una red de 28 empresas, al menos, que entre 2013 y 2018 obtuvo contratos por más de mil 900 millones de pesos principalmente con el gobierno de Veracruz, pero también con el gobierno de Puebla y algunos municipales del mismo estado, y con entidades del gobierno federal, como el ISSSTE y el INIFED, e incluso con el partido Morena.
Una red regional
La calle Arboledas en la colonia Bello Horizonte del municipio de Cuautlancingo está apenas a unos metros de las oficinas regionales del Servicio de Administración Tributaria (SAT), la entidad que además de cobrar los impuestos también se encarga de detectar a las Empresas que Facturan Operaciones Simuladas (Efos), mejor conocidas como empresas fantasma.
Es una vialidad salpicada de terrenos baldíos, casas a medio construir y unas pocas que se ven terminadas. En una de las esquinas de esa calle se ubica un inmueble de dos pisos de entre seis y siete metros de largo, fachada blanca y tres ventanas. El número 31 es visible en la puerta.
—Ahí, en Bello Horizonte, es donde tenía su centro de operaciones el contador —cuenta Ernesto Madera Martínez, quien aparece como socio en 10 de las 28 empresas de la red que Terrón González constituyó y que le sirvieron para defraudar al erario público.
Sin embargo, el nombre que más se repite en las actas constitutivas de las decenas de sociedades que constituyó Terrón González es el de Claudia Melgarejo Zarco, esposa de Madera Martínez; ella aparece en 15 como socia principal.
Madera Martínez no se equivoca. La calle de Arboledas es mencionada en una decena de los contratos que se revisaron para este reportaje, a veces con el número 30, a veces con el número 29, otras con el número 31.
No son los únicos números de esa vialidad que aparecen en los documentos gubernamentales; también se consignan los números 12 interior 2, 13 y 14 como direcciones de oficinas empresariales.
Las personas que viven en Arboledas lo dicen: “El contador Terrón, el del número 31, se dedicaba a eso de las empresas fantasmas”.
Adso nació en junio de 2001 con Terrón González y su esposa, Maricamen Ravelo Cortés, como socios, y ha tenido al menos cuatro direcciones de oficinas: Arboledas 30 en Puebla y ubicaciones en Oaxaca, Tlaxcala y Veracruz.
Aunque fue 10 años después cuando Adso de México comenzó a facturar decenas millones al gobierno de Veracruz. Y luego fue sumando poco a poco otras empresas. En 2003, una más: Comercializadora Alcón.
Para 2005, agregaron otras dos: Ventas y Promociones Tomaky y Promociones Velot Sia. En 2007, integraron tres más: Comercializadora Calidadtel, Comercializadora SM y DM Estrategias en Construcciones Digitales. En 2009 y 2011, agregaron una a la lista por cada año: Blot de México y Agroproductores Sade, respectivamente.
Aunque fue en 2012 cuando se dio el boom de la red, 15 de un golpe: Sienfa Constructora, Ande OB Construcciones, Elmime Edificaciones, Santy Desarrolladora y Acabados, DETG Construcciones Ambientales, Agregados Facere, Constructora Haguen, Edificaciones Aperire, Proyectos en Construcción Triefe, Edificaciones Abnegatio, Construcciones Cehya, Edificaciones Tatsumi, Conurar Digital, Edificaciones Abissimus y Dublín, y Control Empresarial.
Otras tres se sumaron en 2013: Promotora Empresarial JMD, JDRP Logistics y Servicios Logísticos Todo a Tiempo; y una última, en 2014: Comercializadora Drakos.
La historia del boom de la creación de empresas fue así: a finales de 2012, Terrón González llevó a Claudia Melgarejo Zarco y a Ernesto Madera Martínez, una pareja que conoció gracias a una persona que trabaja con él, a las oficinas del corredor público número 1 de Tlaxcala, Leonardo Adolfo Daniel Molina Yano.
Ahí constituyeron un total de 17 empresas, 10 de ellas de un mismo día, las otras siete en los siguientes cuatro meses.
Años después, Madera Martínez aún se sorprende cuando se le menciona el número de empresas a su nombre y del de su ahora expareja: “¿Tantas fueron?”.
Y fue en Arboledas 31 donde tuvieron su centro de operaciones, pero registraron oficinas en seis estados del país: Tlaxcala, Oaxaca, Veracruz, Puebla, Hidalgo y Querétaro, y lograron contratos entre 2013 y 2018 con gobiernos e instituciones de tres entidades federativas al menos —Veracruz, Puebla, Guanajuato—, con dos institutos del gobierno federal —el Instituto Nacional de la Infraestructura Física Educativa (INIFED) y el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE)— y con el partido Morena; esto último, de acuerdo con una base de datos que el SAT entregó al diario El Universal tras una petición de información.
Y estos son algunos de los ejemplos de sus direcciones y contratos: en mayo de 2015, Juan Ignacio Basaguren García, director del Instituto Municipal del Deporte de Puebla capital, firmó un contrato con la empresa Adso. En aquel contrato, la empresa reportó como domicilio un inmueble ubicado en la carretera a Puerto Escondido número 36, municipio San Pablo Ixtepec, Oaxaca. El acuerdo era para que Adso diera mantenimiento hidráulico a espacios deportivos de la capital poblana a cambio de 1.9 millones de pesos. En otro contrato, también con el ayuntamiento de Puebla facturó servicios publicitarios; el espectro de posibilidades de la compañía era amplio.
Al respecto, se buscó al actual ayuntamiento de la capital poblana para tener una postura sobre el tema, pero al cierre de edición la respuesta seguía pendiente.
Blot de México, por su parte, registra cinco contratos, cuatro de ellos con el gobierno de Veracruz por más de 100 millones, y uno con el ayuntamiento de Puebla por menos de 200 mil pesos.
Los contratos fueron firmados por Agustín Téllez en su calidad de representante legal. En los contratos, la empresa registra como dirección el número 100 de la avenida Tecnológico, en la colonia Centro de Querétaro. En otro documento, un padrón de proveedores del ayuntamiento de Puebla, Agustín Téllez también aparece como representante pero de Adso.
Otro más: en noviembre de 2015, la Secretaría de Desarrollo Social de Veracruz, entonces encabezada por Alfredo Ferrari Saavedra, eligió a Santy Desarrolladora y Acabados para encargarle la adquisición de láminas para la rehabilitación de techos firmes de 52 municipios que habían resultado afectados por lluvias severas e inundaciones en octubre de ese año. Fue un adjudicación directa, justificó la dependencia por la premura de atender a las personas damnificadas, y por ello antes hizo un estudio de mercado donde pidieron precios a las mismas empresas de la red que encabezaba Terrón González.
Ese y todos los contratos que la Sedesol entregó a la red de Terrón González fue firmado por José Luis García Torres, jefe de la Unidad Administrativa de la Sedesol, y Jéssica Gasperín Fernández, directora jurídica.
De acuerdo con la documentación legal que la Sedesol firmó, Santy Desarrolladora tenía sus oficinas en Pachuca, Hidalgo, en el número 308 del fraccionamiento Villas del Álamo.
Molina Yano, el corredor de las empresas fantasma
Un par de personas que han requerido sus servicios no dudan en calificarlo como alguien profesional. Sostienen, en charlas por separado, que la percepción que hay de Leonardo Adolfo Daniel Molina Yano en el mundo notarial de Tlaxcala, donde despacha como corredor público, no es negativa, y que se habla poco de él.
Otras dos personas más del mundo notarial tampoco lo mencionan cuando se les pregunta por notarios y corredores con fama de ser flexibles en los límites que la ley impone.
Pero aunque no lo mencionan, lo cierto es que por el escritorio de Molina Yano ha pasado la constitución de varias decenas de Efos, de empresas que solo existen en el papel que él valida, y que después serán usadas para desviar recursos en tramas varias o que forman parte de redes de Efos, como la de Terrón González.
Para esta investigación, se pudo documentar la constitución o los movimientos notariales de al menos 47 empresas con domicilio fiscal en Puebla y con operaciones con gobiernos poblanos, que después el SAT catalogó como empresas fantasma.
Diez de las 28 que conforman la red de Terrón González se constituyeron el mismo día, 14 de septiembre del 2012, una situación que, a decir del corredor público, si bien puede sonar anómala, para él significa más bien “un muy buen día de trabajo”.
“No, no es normal que se constituyan 10 sociedades (en un solo día). Pero a mí también me parece que son de los días que son muy buenos días, excelentes, pero hasta ahí. ¿Me explico? Ahora, no le puedo decir más, vienen gentes distintas y constituyen las sociedades, pues nosotros, ¿qué les vamos a decir? No podemos impedirles, o decirles no, porque se están constituyendo muchas empresas un mismo día. Escapa de nuestras facultades. Lo que sucede en esos días excelentes es que trabajamos a todo vapor”.
La correduría número 1 de Santa Ana Chiautempan, Tlaxcala, está instalada en un edificio de tres plantas que aspiró a la modernidad del vidrio y el metal como estructura arquitectónica, llamado Torre Millenium, y que ya vio pasar al menos dos décadas de este nuevo milenio y se nota avejentado.
Fue justo unos meses antes del fin del milenio pasado cuando Molina Yano recibió del gobierno federal la autorización para ejercer como corredor público, el 5 de abril de 1999 para ser exactos.
“Es baratero”, dice José Luis Mecinas, abogado y analista político que conoce el mundo notarial tlaxcalteca, sobre por qué se han constituido tantas empresas poblanas, hoy calificadas como Efos, en ese edificio de vidrio y metal.
el SAT se vuelve cómplice de las irregularidades en un futuro deberán investigarlos y que sus funcionarios les apliquen todo el peso de la ley,