Por Periodistas Digitales
CDMX.- Con firmas de decenas de feministas y organizaciones, mujeres exigen dar marcha atrás a la llamada “militarización” del país con la nueva aprobación del Senado de la República que pasó el mando de la Guardia Nacional a la SEDENA y hacen un llamado a la Suprema Corte de Justicia de la Nación para que resuelva de manera inmediata las acciones de inconstitucionalidad, controversias constitucionales y amparos pendientes en materia de militarización.
Las feministas dicen que el país merece un órgano efectivo de control que defienda la Constitución y los Tratados Internacionales en materia de derechos humanos y también llaman a los tres poderes del país le den prioridad a la construcción de paz desde una perspectiva de prevención de las violencias y el delito con perspectiva interseccional y restaurativa a nivel federal, estatal y municipal; el documento dice:
Las mujeres activistas que han estado en la lucha contra la violencia machista, también tienen su postura a nivel nacional en torno al tema de la Guardia Nacional que ha pasado al mando del ejército. La rechazan y éstas son las razones:
La bancada de Morena y aliados aprobaron en la Cámara de Diputados, sin una discusión profunda, una serie de reformas legislativas que implican, de fondo, que la Guardia Nacional se integraría a la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), violando el artículo 21 de la Constitución, entre otros.
Las modificaciones incluyen concentrar presupuesto, presencia territorial, capacitación y especialización de dicha institución en la Sedena, lo cual anula la naturaleza civil de la autoridad encargada de velar por la seguridad ciudadana en México.
Las Fuerzas Armadas no están formadas con un enfoque de seguridad ciudadana, y sus estrategias militares no reducen la violencia ni han logrado desmantelar las redes del crimen organizado coludidas con el Estado.
La Corte Interamericana de Derechos Humanos destacó, en el caso Alvarado Espinoza y otros contra México (2018), que el mantenimiento del orden y la seguridad pública debe estar reservado primordialmente a las corporaciones policiales civiles y que las fuerzas armadas sólo pueden participar en ellas de manera excepcional, extraordinaria, regulada, fiscalizada, subordinada y complementaria.
Las razones por las que nos oponemos a la militarización son:
1-La militarización afecta la seguridad pública y obstaculiza el acceso a la justicia. Frente a ello, las mujeres –madres, hijas, hermanas, parejas de víctimas– han reemplazado el papel del Estado en la búsqueda e investigación de distintas violaciones a derechos humanos cometidas por las Fuerzas Armadas. Estas han sido renuentes a colaborar con las instituciones de investigación y procuración de justicia civiles cuando sus elementos se han visto involucrados en graves violaciones a derechos humanos. Ha quedado demostrado que el fuero militar perpetúa la impunidad.
2-La militarización afecta particularmente a grupos históricamente oprimidos. Atenta contra la vida de las mujeres empobrecidas, racializadas, mestizas, de pueblos y comunidades indígenas, afromexicanas, personas LGBTIQ+ y de personas migrantes. Nuestros cuerpos son utilizados como instrumentos de guerra para reafirmar el terror, control y poder en nuestra sociedad.
3-La militarización genera opacidad, falta de transparencia y ausencia de rendición de cuentas efectiva. El ejercicio del presupuesto, la formulación de la Estrategia Nacional de Seguridad Pública y la actuación de los militares quedan excluidos de nuestro conocimiento como ciudadanas.
4,-Hemos visto con preocupación el aumento del presupuesto a los militares. Frente a la disminución de fondos para víctimas o para mujeres que requieren apoyo para su desarrollo.
5-Ningún país en Latinoamérica ha alcanzado la paz por la vía de la militarización.
La construcción de la paz requiere el fortalecimiento de instituciones de seguridad civil y de procuración de justicia.
La producción y la reproducción de la violencia, el conflicto y la muerte a través de una estrategia militar no son soluciones. Las feministas transincluyentes, antirracistas, antipunitivistas y antimilitaristas, así como las víctimas y familiares de víctimas de violaciones graves a los derechos humanos, nos pronunciamos por la vida, la paz y la justicia. Exigimos una política de seguridad con enfoque de derechos humanos, con controles claros, mecanismos de rendición de cuentas y garantías a favor de la población civil.
Hasta aquí el comunicado enviado a Plumas Libres.
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