Por Carlos Caicero/ e-veracruz.mx
Abogados de Veracruz lamentaron las declaraciones de la presidenta del Poder Judicial del Estado, Isabel Inés Romero Cruz, quien esta semana criticó que jueces federales sean “demasiado legalistas y garantistas” y concedan amparos a acusados por diversos delitos.
Entrevistados por separado, los penalistas Jorge Reyes Peralta, Arturo Nicolás Baltazar, Tomás Mundo Arriasa y Fidel Ordoñez, lamentaron que la falta de impartición de justicia en la entidad se asocie a los jueces de Distrito y Magistrados, en lugar de revisar cómo se están haciendo las cosas desde la Fiscalía General del Estado.
Cabe recordar que los tres poderes en Veracruz, así como el propio gobierno federal, han cuestionado al Poder Judicial Federal (PJF) por conceder amparos, tan solo esta semana, a cinco personas a las que la Fiscalía bajo el mando de Verónica Hernández Giadáns acusó del homicidio de un excandidato, así como del asesinato de un periodista.
Jorge Reyes Peralta dijo que como abogado respeta la postura tanto de Romero Cruz, como del gobernador Cuitláhuac García Jiménez y los propios diputados, sin embargo, no está de acuerdo con ellos en sus cuestionamientos al PJF, pues los jueces y magistrados federales son la última vía a la que se recurre cuando hay violación a los principios de legalidad y las propias garantías.
“Imagínate que no fueran ni garantistas ni apegadas a derecho las resoluciones del Poder Judicial de la Federación, ¿pues a dónde vamos a correr? Si no existiera esa instancia entonces estarían las cárceles totalmente llenas.
Reyes Peralta sostiene que, si bien es cierto que las condiciones en que Romero Cruz tomó el control del Poder Judicial en octubre de 2020 no eran las óptimas, sí reprochó que no reclame el monto de presupuesto que le corresponde para dar un mejor servicio.
Respecto a la posición del gobierno federal de denunciar e investigar a los jueces y magistrados federales, señaló que están de acuerdo en la revisión a su trabajo.
Sin embargo, también pidió que se exhiba si las denuncias están plenamente fundamentadas o son solo “una ocurrencia”, pues acusar que existen sospechas porque un solo órgano conozca de los mismos casos es un desconocimiento de la ley.
“Hay un acuerdo que establece que los asuntos relacionados con un mismo caso conocerán las mismas autoridades, no es que esté direccionado; sería muy complicado que tú fueras a presentar una demanda de amparo y arregles a qué juzgado te toca.
La ignorancia jurídica que prevalece en el Tribunal quedó evidenciada con las declaraciones de la presidenta, señaló el abogado Tomás Mundo Arriasa.
El penalista recordó que los derechos del imputado están consagrados en la propia Constitución y hacen parte de la llamada “igualdad de armas” frente a los abusos del poder.
Mundo Arriasa afirmó que Isabel Romero Cruz recibe órdenes desde Palacio de Gobierno de que “toda la gente esté en prisión y nadie salga”, aunque hay cerca de 3 mil veracruzanos que tienen la posibilidad de enfrentar sus procesos en libertad.
Mencionó que jueces mexicanos y latinoamericanos han emitido criterios acerca de la inconvencionalidad de la prisión preventiva oficiosa y enunció que otros países, principalmente europeos, han superado ya esa etapa y el debate se centra en la auténtica valoración de la prueba, no como ocurre en Veracruz.
“Es un desastre la justicia en Veracruz y con declaraciones como la de esta mujer la verdad que debemos preocuparnos porque el Poder Judicial Federal es el único que va a garantizar a los inocentes que van a alcanzar su libertad.
El egresado de la “Especialización de la Prueba Testimonial desde el Razonamiento Probatorio y la Psicología del Testimonio” de la Universidad de Girona recriminó que la Fiscalía y los jueces de la entidad fabriquen pruebas y validen argumentos laxos de parte de la autoridad investigadora para las determinaciones de dictar la prisión.
Tomás Mundo señaló que culpar a los jueces federales es un pretexto para justificar la inexperiencia, ineficacia, desconocimiento de la ley “y la orden que tienen de detener a los enemigos incómodos”.
Para el penalista Arturo Nicolás Baltazar, las declaraciones de la presidenta del Poder Judicial son lamentables, pues prácticamente les reprocha que ellos sí respeten la constitución.
El abogado criticó que ni el Poder Judicial ni el Ejecutivo cuestionen el papel que están jugando en esto las endebles imputaciones de la Fiscalía General, pues dijo que en la mayoría de los casos se ha demostrado que los datos de prueba que presentan son de testigos de oídas, que no existen o medios carentes de racionalidad que no pueden ser aplicados para dictar la prisión preventiva.
Arturo Nicolás precisó que de un tiempo a la fecha la única garantía de acceder a la justicia en la entidad es a través de los jueces y magistrados federales, pues muchos inocentes han sido injustamente encarcelados.
Dijo que los jueces federales han encontrado, entre otras cosas, que desde el momento de la detención las autoridades de Veracruz han incurrido en actos ilegales para llevarlas a cabo.
Contrario a la postura del gobierno federal, dijo no estar de acuerdo en que se presuma un supuesto “modus operandi” de los integrantes del Poder Judicial Federal; donde sí lo hay, sostuvo, es en la propia Fiscalía, que le estaría mintiendo al propio gobernador en perjuicio de los ciudadanos.
Fidel Guillermo Ordoñez aseguró que ni la presidenta del Tribunal, ni el subsecretario de Seguridad Pública a nivel nacional, Ricardo Mejía Berdeja e incluso ni el propio gobernador tienen autoridad moral o política para opinar acerca del trabajo de los jueces y magistrados federales.
Señaló que si la Fiscalía General del Estado no hace bien su trabajo y las personas salen en libertad, ello no es responsabilidad de los jueces federales y magistrados del Tribunal Colegiado de Circuito. (Fuente e-veracruz.mx)
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