A los medios y a la opinión pública:
En relación con los hechos acaecidos hoy en el predio Jinicuil Manso del municipio de Coatepec, Veracruz, en donde -por enésima ocasión- se burló la orden judicial que dispuso la restitución de tales terrenos invadidos por la CIOAC a sus legítimos propietarios, consideramos imperativo comunicar lo siguiente:
1.- Como es del dominio público, desde hace ya varios años, sedicentes campesinos adheridos a la CIOAC, con la abierta complacencia del gobierno de Veracruz, invadieron y despojaron de sus bienes a pequeños propietarios en el municipio de Coatepec, cometiendo no solamente tales antisociales, sino también daños al medio ambiente poniendo en riesgo el abasto de agua a varios municipios, entre ellos, la propia capital del Estado. Para logar su cometido, los despojadores falsificaron documentos, han hecho uso de la violencia, la intimidación, las amenazas y la privación de la libertad; han usado a mujeres, niñas y niños y a personas adultos mayores como carne de cañón, y han contado también con la complicidad de distintas autoridades: desde fiscales hasta policías, jueces locales, y ahora, ignominiosamente, la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Veracruz.
2.- En siete ocasiones se ha burlado la orden judicial que ordenó la restitución a los legítimos propietarios, y cabe destacar que cuantas veces ha sido llevado ese tema ante el Poder Judicial Federal, en todas las ocasiones los amparos promovidos por los invasores han sido negados al igual que las suspensiones.
3.- En cambio, solamente forzados también por la Justicia Federal, se ha logrado avanzar por lo menos para lograr que la fuerza pública estatal se presente a simular cumplir la orden de una juez; sin embargo, sigue bridándose impunidad a los perpetradores de los delitos denunciados, y para conseguir en esta ocasión detener la restitución judicialmente dispuesta, habiéndose ordenado la intervención de la CEDHV para constatar el respeto a los derechos humanos en la diligencia, dicho organismo decidió no presentarse y acatar así la instrucción dada por el gobierno del Estado de impedir el cumplimiento de la orden judicial. De tal suerte, es factible asegurar que la Comisión Estatal de Derechos Humanos perdió ya su autonomía, en el mismo tenor que claudicó a ella la Comisión Nacional.
4.- Durante este periodo de absoluta impunidad, alentados por las autoridades estatales, los invasores han pretendido sostener una imaginaria legalidad de sus delitos: mienten al asegurar que están asentados en tales predios desde 1976 porque sustentan su dicho en constancias de “posesión” falsificadas (lo cual es motivo de otro proceso penal); se presentan como seguidores del presidente de México, quien no está enterado que en su nombre se cometen delitos y en Veracruz se toleran, e intentan usar la polarización que vive México argumentando que despojaron a personas ricas y poderosas que -notoriamente- no lo somos.
5.- Más penoso aún es advertir que la Federación permanece indiferente frente a delitos ecológicos, porque pareciera ser que es más importante preservar la afinidad política con una organización fantasmagórica, que no agraviar a veracruzanos que, fundadamente, temen quedarse sin agua. Lo sabrían si quienes están encargados de la política interior del Estado supieran hacer su trabajo, y advirtieran que la CIOAC nada representa en el único tópico que interesa a quienes aquí gobiernan: el electoral, porque visto está que el respeto a la legalidad y a las víctimas es nulo.
Quienes exigimos justicia pronta, expedita, completa, imparcial y gratuita, no nos detendremos. Sabemos que la procuración e impartición de Justicia en Veracruz están maniatadas y contaminadas, pero seguiremos confiando en las instancias del Poder Judicial Federal hasta lograr que las ordenes judiciales se cumplan y se nos restituyan nuestras propiedades.
Agradecemos su apoyo en la difusión de esta información.
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