Xalapa, Ver.-Tras varios días de manifestaciones afuera de tribunales y de procuración de justicia en el Estado de México, será revisado el caso del empresario ganadero Jhovani Aguirre Benítez.
Pobladores y trabajadores procedentes de Jesús Carranza, municipio ubicado en el sur del estado de Veracruz, llevan varias semanas con las protestas.
Los manifestantes indicaron que será revisado el caso al ser considerado como injusta la sentencia de ocho años de cárcel contra el ganadero.
La Fiscalía Estatal se comprometió a revisar los expedientes del empresario Jhovani Aguirre preso y sentenciado a ocho años de prisión por delitos que, asegura, no cometió y que más bien fueron “fabricados por agentes del Ministerio Público”.
Las protestas de este lunes empezaron muy temprano, cerca de las 8:30 hora, el contingente de más de cien personas –todos ellos empleados y amigos de Aguirre Benítez– arribaron al zócalo y se plantaron frente a Palacio de Gobierno.
Minutos después, un funcionario de la Secretaría de Gobierno se apresuró a dialogar con los manifestantes para pedirles que no sacaran sus lonas ni cartulinas y les solicitó que se retiraran del lugar.
El grupo se opuso y se mantuvo hasta que, finalmente, el mismo empleado gubernamental ofreció una reunión con funcionarios de la Fiscalía del Estado para que expusieran sus inconformidades.
La cita fue alrededor de la 1:00 de la tarde. El contingente arribó a las instalaciones de la Fiscalía a bordo de dos autobuses.
Ahí se plantaron exigiendo justicia para Aguirre Benítez. A la reunión también llegaron los abogados, encabezados por Jesús Correa. Por parte de la Fiscalía estuvieron presentes, entre otros funcionarios:
Humberto Garduño García, coordinador de Ministerios Públicos; Julio Guillermo Ortiz, subdirector de Enlace Interinstitucional; María Teresa Jardón Nava, directora General de Gobierno Región Lerma; Manuel Alejandro Aldama Ledezma, visitador adjunto especializado de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH); Alfredo Ramos García, director de Enlace Interinstitucional; Martín Suárez Barrera, director General de Gobierno del Estado de México; así como Eduardo S. García Flores, Jefe del Departamento de Gobierno de la Secretaría General de Gobierno del Estado de México.
Durante la reunión de más de dos horas, los funcionarios de la Fiscalía mexiquense se comprometieron a revisar los expedientes integrados contra Aguirre Benítez, su hermano Fermín y su esposa Yuridia Gallardo por los delitos de robo, trata de personas y secuestro, cargos que el agraviado asegura fueron fabricados.
De igual forma, establecieron el compromiso de investigar si en la integración de estos expedientes hubo corrupción y se abrieron a la posibilidad de que Aguirre Benítez incluso denuncie la corrupción que, asegura, existió en la integración de dichas carpetas, las cuales ya fueron consignadas y derivaron en órdenes de aprehensión para él y sus familiares.
Además, exigieron que la Fiscalía del Estado de México ahonde en las investigaciones. Los funcionarios de la Fiscalía también establecieron el compromiso de darles respuesta a los manifestantes y abogados en un lapso de una semana, incluso dijeron que los llamarían para efectuar una nueva reunión e informarles sobre los avances en los acuerdos establecidos.
Los trabajadores y amigos de Jhovani Aguirre dijeron que la semana próxima arribarán de nuevo a la ciudad de Toluca para esperar la respuesta de las autoridades.
El pasado 27 de octubre, Jhovani Aguirre Benítez fue sentenciado a ocho años de cárcel por los delitos de posesión de un kilo de cocaína y un arma de fuego calibre .380.
En ese caso, que se ventila a nivel federal, Aguirre Benítez asegura que tanto el arma como la droga les fueron sembradas en su camioneta la noche del 14 al 15 de agosto de 2021, cuando fue detenido en la Ciudad de México por efectivos de la Secretaría de Seguridad Pública Ciudadana.
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