Xalapa, Ver.- La fiscal Verónica Hernández presidio la reunión de Procuradores de Justicia de la zona sur del país, anunció los siguientes acuerdos tomados que son de interés para todos los relacionados a defensa y acusación en procesos penales acusatorios y de defensa.
Se publica de manera íntegra el comunicado de la fiscal Verónica Hernández:
Este viernes las fiscales y los fiscales que integramos la Zona Sureste de la Conferencia Nacional de Procuración de Justicia, participamos en nuestra primera sesión ordinaria del año 2023, en la que abordamos diferentes temas y tomamos acuerdos para fortalecer la coordinación y las capacidades de investigación y persecución de los delitos.
En mi carácter de representante de la Zona Sureste de la Conferencia, daré cuenta de los temas y acuerdos alcanzados.
Como primer punto, agradezco la participación de la Dra. Patricia Bugarín Gutiérrez de la Oficina Coordinadora de Riesgos Asegurados (OCRA), y del Dr. Javier Miranda, Titular del Registro Público Vehicular, con quienes acordamos impulsar un modelo ágil y eficiente que permita simplificar el proceso de entrega de los vehículos reportados como robados y que han sido localizados y recuperados.
Con ese fin, el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública realizará un mapeo del proceso de atención de denuncias de robo de vehículos, así como para la localización, recuperación y entrega de vehículos robados, con el objetivo de establecer un modelo homologado de integración automatizada de información en las bases de datos del Registro Público Vehicular y de Vehículos Robados y Recuperados, para eficientar y disminuir los tiempos de registro.
Una vez que se concluya esta actividad se realizarán las acciones en coordinación con los integrantes de la Conferencia para la implementación de plataformas tecnológicas que permitan la integración automatizada de información.
Asimismo, acordamos remitir a la Secretaría Técnica de la Conferencia la información necesaria para conformar un directorio de las personas titulares de las áreas responsables de la atención de denuncias sobre el robo de vehículos, así como de su localización y recuperación, a fin de intercambiar las mejores prácticas, formar un grupo especializado y fortalecer la coordinación y colaboración interinstitucional en la materia.
En segundo lugar, en materia de combate a la extorsión, agradezco la participación del Coordinador Nacional Antisecuestro, con quien acordamos que la estructura y las capacidades instaladas de las fiscalías o unidades especializadas para el combate al delito de secuestro se destine también a la investigación y persecución del delito de extorsión.
Informo también que revisaremos la propuesta de reforma constitucional y legal que impulsa actualmente la CONASE, a efecto de contar con un marco jurídico que permita abatir la extorsión.
A propuesta de la Fiscal General del Estado de Guerrero, acordamos también desarrollar un modelo homologado de unidad especializada para la investigación del delito de extorsión.
Asimismo, en virtud de que un número importante de llamadas de extorsión proviene de los centros penitenciarios, aprobamos invitar a nuestra Conferencia al Titular del Órgano Administrativo Desconcentrado de Prevención y Readaptación Social.
Por otra parte, en materia de prisión preventiva oficiosa, acordamos que mientras el constituyente permanente no reforme el artículo 19 constitucional o la Suprema Corte de Justicia de la Nación adopte un criterio obligatorio que inaplique la prisión preventiva oficiosa, el Ministerio Público deberá seguir solicitando su aplicación, y generar estrategias para lograr la justificación de la medida cuando sea necesario.
De igual forma, para tener mayor éxito en las judicializaciones de los casos que por incompetencia pasan del fuero común al fuero federal, acordamos enviar a la Fiscalía General de la República las incompetencias con actuaciones válidas, con los bienes asegurados que se relacionen con el delito de compeencia federal en los términos siguientes:
- En asuntos con detenido, en un plazo no mayor a 24 horas después de la detención y/o puesta a disposición ante elMinisterio Público.
- En investigaciones sin detenido, en un término que no exceda de 10 días hábiles.
Adicionalmente, nos comprometimos a verificar que en las investigaciones que impliquen la ejecución de técnicas de investigación se cumplan los lineamientos y formalidades requeridas para su cumplimiento, para evitar que se declaren nulos, con impacto en las judicializaciones.
Destaco que también acordamos celebrar conversatorios entre las delegaciones de la FGR y las instituciones de procuración de justicia de los estados de la Zona Sureste.
En materia de extinción de dominio nos pronunciamos a favor de establecer mecanismos para la coordinación, coadyuvancia, colaboración y apoyo recíproco, entre la Fiscalía General de la República y las Fiscalías y/o Procuradurías del país, a través de sus Unidades Especializadas en materia de extinción de dominio, para el intercambio de información útil tendente a la recuperación de activos, relacionados con bienes que se localicen en las demarcaciones territoriales respectivas y en el ámbito de sus competencias, destacando la práctica de diligencias de actos de investigación en las etapas de preparación y judicial de la acción extintiva, así como para la ejecución de medidas cautelares y sentencias, en términos de lo previsto en la Ley Nacional de Extinción de Dominio.
Además, instruimos a los agentes del Ministerio Público, policías de investigación, peritos y personal de apoyo, para fomentar la cooperación interinstitucional para la realización de programas y acciones conjuntas que permitan potenciar la figura jurídica de extinción de dominio, y con ello afectar las estructuras patrimoniales, económicas y fiscales de grupos antagónicos a los gobernados, garantizando con ello la correcta aplicación de políticas públicas de prevención del delito.
En otro tema, tuvimos el gusto de dialogar con el Procurador Fiscal de la Federación, quien nos presentó diversos mecanismos de coordinación y colaboración, para el intercambio de información en favor de la investigación y persecución de los delitos del fuero común.
Por otra parte, tomamos conocimiento del estado en que se encuentra la implementación del Sistema Estadístico Nacional de Procuración de Justicia, así como del avance en la aprobación de su Norma Técnica.
Asimismo, tomamos nota del reporte de adopción presentado por el INEGI en esta sesión y acordamos iniciar la transmisión de datos, así como la integración de variables y catálogos del SENAP en nuestros sistemas de información.
Del mismo modo, quedamos enterados de la disponibilidad de información estadística en materia de servicios periciales y servicios médicos forenses que el INEGI publica y que forma parte de los Censos Nacionales de Gobierno y nos comprometimos a entregar al INEGI la información respectiva para su publicación en agosto de 2023.
Finalmente, tomamos conocimiento del estado que guarda la implementación del Banco Nacional de Datos Forenses y reiteramos nuestro compromiso de continuar con los trabajos para la interoperabilidad de mecanismo de búsqueda automatizado con las plataformas, sistemas, bases, registros, bitácoras o cualquier medio de compilación de información con los que cuenten nuestras Instituciones.
Al respecto, acordamos participar en la instrumentación del plan de trabajo y de la ruta crítica de acompañamiento técnico ofrecido por la Agencia de Investigación Criminal a través del CENAPI, para la integración de los Planes Individualizados de Integración del Banco (PIIB), a través de sesiones técnicas donde participen las Unidades de Análisis de Información u áreas homólogas de nuestras fiscalías.
Sin más por el momento, agradezco su atención. Muchas gracias.
Que tengan una excelente tarde.
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