Por Flavia Morales/
XALAPA, Ver. (apro).– El juez de control y procedimiento penal oral del XI Distrito Judicial de Xalapa, con sede en Pacho Viejo, Roberto Santos Maldonado, dictó auto de vinculación a proceso en contra de la jueza Angélica Sánchez, como presunta responsable de los delitos contra la fe pública y tráfico de influencia, y ratificó la medida cautelar de un año de prisión preventiva justificada.
El juez dictó la medida después de más de diez horas de audiencia privada que tuvo varias interrupciones y en la que no se dejó entrar a abogados de la defensoría pública ni a representantes del Alto Comisionado de Derechos Humanos de la ONU.
Se informó que la carpeta de investigación respectiva se inició por una denuncia interpuesta por el Poder Judicial del Estado en contra de la ahora vinculada, porque la jueza supuestamente realizó una certificación de hechos que no son ciertos y dio fe de otros que no le podían constar, pues se trataba de hechos que ocurrieron en un lugar diverso a aquél en el que se encontraba.
Minutos después de la determinación del juez, en un comunicado de prensa, la Fiscalía informó que los hechos probablemente constitutivos de delito en agravio de la administración de justicia son derivados de diversas acciones que realizó la jueza en un cuadernillo de amparo:
“Donde hizo constar la existencia de un juicio de amparo y dando fe sobre la supuesta suspensión de plano concedida a Itiel “N”; sin embargo, una vez consultado en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes del Consejo de la Judicatura Federal, el juicio de amparo que hizo constar no correspondían el quejoso ni la materia; aunado a que no existe registro en los libros del Juzgado de Proceso y Procedimiento Penal Oral del Distrito Judicial de Cosamaloapan, por lo que se tipifica la probable comisión del delito contra la fe pública”.
El comunicado también señala: “Por cuanto hace a la probable comisión del delito de tráfico de influencia, aprovechándose de la comisión para conocer de un asunto en particular, realizó múltiples llamadas telefónicas y envíos de correos electrónicos al Cefereso de Coahuila, gestionando la liberación de una persona privada de su libertad, acto para el cual no estaba facultada; presuntamente amenazando y presionando para que se cumpliera su resolución”.
La jueza fue detenida el viernes 16 de junio en Ciudad de México por los delitos contra la fe pública y tráfico de influencia en el proceso penal 297/2023. Anterior a esto fue detenida el 5 de junio por el delito contra las instituciones de seguridad pública, pero fue liberada 48 horas después.
La juez denunció actos de tortura en su contra y persecución. Unos días antes de ser detenida, la jueza liberó a Itiel N, alias “Compa Playa”, identificado como un generador de violencia y vinculado al homicidio del diputado del PRI, Juan Carlos Molina en 2019, y a dos personas más en Playa Vicente en 2018.
El gobernador de Veracruz, Cuitláhuac García, acusó a la jueza de mantener comunicación con el abogado de Itiel N y dijo que sospechaba de actos de corrupción.
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Que esconde éste gobierno mediocre corrupto de Cuitláhuac García, al no dejar entrar a comisionados de Derechos Humanos de la ONU?
Dijera el Peje, el que nada debe nada teme.
Al parecer la transparencia no es el fuerte de la 4T