Por Gibrán Casas Cedillo/
Ciudad de México. (Infobae). Autoridades del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) confesaron que tuvieron que pagar cuotas por “derecho de piso” a los grupos de la delincuencia organizada para que les permitieran realizar el Censo Agropecuario 2022.
La directora general adjunta de Censos Económico y Agropecuarios, Susana Pérez Cadena, confirmó durante la presentación de resultados oportunos que el control territorial del crimen organizado fue un obstáculo que tuvo que enfrentar el personal del Inegi para realizar el censo.
Pérez Cadena detalló que las oficinas estatales del Inegi cuenta con conocimientos “profundos” y “detallados” sobre cómo abordar las zonas más conflictivas del país, Generalmente son los ámbitos rurales, explicó, donde la presencia del narco es más “clara”, “concentrada” y “visible”.
“Hay muchas estrategias diversas. En algunos casos hay que pagar ciertas cifras para poder entrar, o hasta contratar personal de la zona que conozca muy bien a la gente de la localidad que está siendo censada y que además sea conocida de quienes pudieran estar incurriendo en cuestiones de delincuencia organizada. Con eso, la entrada a todos los lugares es muy sencilla”, explicó.
Reveló que durante la realización del censo enfrentaron algunos “obstáculos” como el “secuestro” o privación de la libertad de una persona.
“Sí tuvimos algunos tropiezos. El primer día tuvimos a una persona pues digamos como ‘secuestrada’ y duró varios días así, pero, después de eso, ya no tuvimos más. La verdad es que la experiencia del Inegi creo que nos salva mucho”.
El Censo Agropecuario 2022, cuyos resultados serán dados a conocer públicamente el próximo mes de noviembre, se realizó con la intención de brindar la información agropecuaria y forestal más completa y detallada de la república mexicana.
Qué tan seguros se sienten los mexicanos
Este mes el Inegi dio a conocer los resultados de la Encuesta Nacional de Seguridad Pública Urbana (ENSU) respecto al segundo semestre de 2023, en los que da cuenta sobre la percepción de inseguridad en las principales ciudades del país.
Es así que, a nivel nacional más de 6 de cada 10 mexicanos (62.3 %) consideraron que no era seguro vivir en su ciudad, en donde destacan Zacatecas, Sonora, Edomex y Guanajuato por ser las entidades sedes de las metrópolis con los niveles más altos de esta percepción.
De acuerdo con el ejercicio, las ciudades con mayor porcentaje de percepción de inseguridad, entre población de 18 años en adelante, son:
Fresnillo, Zacatecas: 92.8 %.
Zacatecas, Zacatecas: 91.7 %.
Ciudad Obregón, Sonora: 90.3%.
Ecatepec de Morelos, Estado de México: 87.6 %.
Irapuato, Guanajuato: 87.3 %.
Naucalpan de Juárez, Estado de México: 87.2 %.
Toluca, Estado de México: 85.1 %.
Uruapan Michoacán: 84.8 %.
Reynosa, Tamaulipas: 84.4 %.
Chilpancingo, Guerrero: 81.7%.
En el lado opuesto de la estadística se encuentran ciudades como San Pedro Garza García, Nuevo León, con 13.2 % percepción de inseguridad; Benito Juárez, Ciudad de México, con 19.8 %; Piedras Negras, Coahuila, con 20.0 %; Cuajimalpa de Morelos, Ciudad de México, con 20.4 %; Saltillo, Coahuila, con 22.2 %, y Tampico, Tamaulipas, con 23.0 %.
En cuanto a la inseguridad por espacios físicos específicos, los cajeros automáticos en vía pública fueron señalados como los que menos seguridad con un 73.0 % de la población. Le siguieron el transporte público con 65.5 %, los bancos con 57.3 %, las calles que habitualmente usa con 54.4 %, y las carreteras con 51.6 %.
De esta forma, ciudadanos y ciudadanas mantienen una expectativa baja sobre la seguridad pública y su posible mejora. Según la ENSU, apenas el 23.5 % de la población estimó que en los siguientes 12 meses la situación de la delincuencia e inseguridad mejorará y el 17.5 % dijo que seguirá igual de bien. Por el contrario, el 34.1 % sostuvo que las condiciones seguirán igual de mal y el 23.6 % que empeorará.
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