Nicolás Cruz Hernández
Xalapa, Ver.- El Partido Revolucionario Institucional (PRI) a través de su todavía dirigente Marlon Ramirez, denunció la existencia de una presunta red de delincuencia organizada al interior del gobierno del Estado, en el que vinculó a funcionarios de la subsecretaria de Finanzas y Planeación, de Salud y de la misma contraloría del estado.
En conferencia de prensa, el todavía líder del PRI en Veracruz dijo que detectaron que la red tiene al menos 50 empresas fantasma, que se crearon del 2019 a la fecha, que operan o reciben contratos en 18 dependencias del Estado. Desde las dependencias del Estado se promovieron adjudicaciones dirigidas, a través de empresas de nueva creación, además de otras que entregaron a 190 personas físicas que obtienen contratos a pesar de que son empleados de familiares de trabajadores de gobierno o beneficiarios de programas sociales.
De acuerdo a Marlòn Ramírez, ésta que la red de corrupción que detectaron recibió al menos mil 593 millones de pesos, a través de 18 dependencias y no descartó que de esas empresas se financien espectaculares y la promoción de algunos aspirantes a gobernador de Morena.
Al proporcionar datos de lo que se investigó, el diputado comentó que encontraron la entrega de 160 contratos de 2019 a 2022 por un monto de mil 87 millones de pesos que se dieron: 97 fueron adjudicación directa por un monto de 315.7 millones de pesos; y 66 contratos por invitación por un monto de 771.8 millones de pesos. Todos los beneficiarios fueron empresas de reciente creación, donde existe colusión a través de sus representantes legales.
Ramírez Marín En una primera entrega habló de una serie de contratos que se entregaron en la Secretaría de Salud y que, según su dicho, ya estaba investigando el secretario de salud, Gerardo Morales, sin embargo, su deceso frenó las indagatorias para descubrir posibles irregularidades en la asignación de los contratos.
Dijo que en Sesver, se encontraron 190 contratos por igual número de personas físicas que recibieron un total de 506.3 millones de pesos; de ese universo, 44 personas físicas son beneficiarios de programas sociales con una asignación de 122.8 millones de pesos.
Indicó que algunos eran empleados del gobierno cuando recibieron los contratos. Citó a Bethy Torres Hernández que recibió dos contratos; Misael Carmona Medina, recibió 6; además estaba Diana Valeria Rivera, Valentín Molina López y Eduardo Martínez Montero que recibieron 10 contratos y el domicilio de su empresa es falso.
A jóvenes del programa “construyendo el futuro” con menos de 30 años se les dieron 7 contratos de 2019 a 2020, durante la pandemia para la manutención de equipo médico. Bethy Torres Hernández, con 23 años, trabajadora de Sesver con un salario de 16 mil pesos mensuales recibió un contrato de un millón 92 mil pesos para el servicio de mantenimiento correctivo urgente por contingencia Covid-19 a equipos electromecánicos y electromagnéticos de hospitales en Veracruz.
El contrato 206 se lo dieron en 2022. Misael Carmona Medina quien forma parte del padrón Jóvenes Construyendo El Futuro, recibió dos contratos por invitación a 3 personas y adjudicación directa por 22 millones 904 mil pesos.
También denunció que personas físicas recibieron contratos por 134 millones de pesos para dar mantenimiento a equipo médico entre ellos. En el caso de Valentín Molina López que recibió contratos por 39.4 millones de pesos reportó como domicilio fiscal la calle Aguascalientes, donde hay una refaccionaria. Eduardo Martínez Montero, de 21 años, logró constituir una empresa en la avenida república 48, donde hay una vivienda.
Además, la Secretaría de Salud dio contratos a la empresa DICIPA SA de CV que la secretaría de la Función Pública reportó que estaba sancionado, se publicó el 11 de enero del 2023. En abril le dieron dos contratos por 4 millones y un millón 310 mil pesos por el suministro de material médico.
El diputado local determinó que la red de delincuencia organizada implica al Subdirector de Administración y Finanzas de Sefiplan, el encargado de la Dirección Administrativa de Sesver, Jorge Sisniega Fernández, y la titular de la Contraloría General del Estado, Mercedes Santoyo.
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