Por Alfonsina Ávila y Gabriela Montejano
La “reubicación temporal” es el término acuñado por la estructura gubernamental del estado de Guanajuato para referirse al desplazamiento como la medida de protección máxima para un periodista o defensor de derechos humanos, que recurre a la protección del Estado cuando se sabe que está en riesgo.
El problema es que la legislación local sólo atribuye al Consejo Estatal de Protección una función de evaluación y enlace de las peticiones de protección que, al ser aprobadas, se dirigen al Mecanismo Federal de Protección quien es el que define y ejecuta las medidas.
Es un camino burocrático que mantiene a las víctimas en una incertidumbre adicional a la que ya sufren, al estar en condiciones de riesgo y vulnerabilidad.
Registro estatal impreciso
El estado de Guanajuato no cuenta con estudios oficiales sobre el desplazamiento forzado interno que se registra como consecuencia de la violencia que la entidad padece desde 2017. Sólo desde la sociedad civil se han producido investigaciones al respecto, concretamente en el ámbito de la protección a periodistas y defensores de derechos humanos, además de informes realizados por instancias nacionales, pero no con datos concretos.
Así lo evidenció la Unidad de Política Migratoria, Registro e Identidad de Personas (UPMRIP) de la Secretaría de Gobernación (Segob) en el Diagnóstico de la Movilidad Humana en Guanajuato, al dedicar un capítulo a este fenómeno de forma general y en el contexto de violencia criminal que la entidad padece desde hace más de un lustro.
“Por la ausencia de datos y registros oficiales sobre desplazamiento forzado interno, para esta sección se utilizan reportes, oficios e investigaciones. En este sentido, se advierte que en Guanajuato se han atestiguado situaciones de violencia y la comisión de diversos delitos de alto impacto, particularmente visibles en los municipios de León, Celaya, Irapuato y Salamanca”, señala el estudio.
En el documento, advirtieron que la violencia se ha acrecentado particularmente a partir de 2017, debido a los enfrentamientos y pugnas entre grupos criminales antagónicos.
“El principal motivo de disputa ha sido por las rutas o puntos de trasiego de drogas, así como el mercado ilícito de venta de hidrocarburo o ‘huachicoleo’. Otros delitos asociados son el secuestro, desapariciones, tortura, el cobro de piso a comerciantes y comuneros y diversas formas de intimidación”, indica el estudio.
Admitieron que a nivel nacional tampoco se cuenta con datos estadísticos oficiales sobre desplazamiento forzado interno. Se han desarrollado aproximaciones que miden factores relacionados con estos procesos, como es el caso de la migración interna por violencia o inseguridad.
Según el Censo de Población y Vivienda 2020, para el periodo 2015-2020 dejaron su lugar de residencia y se desplazaron al interior de Guanajuato o a otra entidad un total de 6 mil 515 personas, mientras que 5 mil 371 llegaron procedentes de otra entidad o se movieron a otro municipio por esta razón.
Sin embargo, dichas estimaciones no miden directamente los desplazamientos forzados, por lo que se considera la necesidad de “desarrollar registros e instrumentos de medición específica para conocer en todas sus vertientes la magnitud de los eventos o situaciones de desplazamiento en Guanajuato”, además de contar con “un marco normativo específico o instituciones que atiendan este fenómeno de manera integral y expresa”.
Guanajuato tiene su propia Ley Estatal de Víctimas y comisión, pero en el diagnóstico se advierte que contempla tangencialmente la situación del desplazamiento forzado interno, por lo que el enfoque de atención desde la Ley General de Víctimas ha mostrado ser insuficiente para la óptima atención de las personas que debieron de desplazarse.
“La causa de ello es la carga de trabajo con la que cuenta la Comisión Estatal de Atención Integral a Víctimas (CEAV), así como la falta de especificidad de la legislación para resolver las situaciones particulares que conlleva un desplazamiento forzado interno”, se indicó dentro del estudio.
Protección es deficiente
El papel que han tenido las instancias estatales respecto a la desaparición forzada en Guanajuato ha sido secundario. El Mecanismo Federal de Protección a Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas ha actualizado planes de protección de forma discrecional y sólo hasta que la autoridad ministerial tomó la decisión de reubicar temporalmente a la persona o familia en riesgo.
Esta es una de las observaciones puntuales del académico e investigador en materia de derechos humanos, Raymundo Sandoval Bautista, quien a través de la Plataforma por la Paz y la Justicia realizó el estudio “Desplazamiento Forzado Interno (DFI) como represalia por la búsqueda en Guanajuato”, en el que aborda nueve casos concretos en personas buscadoras de personas desaparecidas.
“La Comisión Estatal de Atención Integral a Víctimas (CEAIV), que funge como asesoría jurídica de los casos, sirve como apoyo para las gestiones que acompañan el desplazamiento. Ninguna autoridad se hace cargo de generar soluciones duraderas para modificar las causas estructurales que generan el desplazamiento”, dice.
En los casos de personas buscadoras y sus familias, se ha pugnado por que sean reconocidas como personas defensoras de derechos humanos, pues Sandoval Bautista resaltó que estas tuvieron que reubicarse temporalmente como producto de las amenazas y el asesinato de integrantes de sus familias.
Destaca también que en Guanajuato se han asesinado a cinco personas buscadoras en los últimos tres años: Rosario Zavala, Javier Barajas, Ulises Cardona, Carmela Vázquez y Teresa Magueyal, “aunque existe información que hay una sexta persona asesinada en Pénjamo cuya identidad no se ha hecho pública y por lo tanto no se ha reconocido en sus registros”, señala.
Burocracia en la atención
“El Consejo Estatal de Protección a Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas de Guanajuato se instaló el 10 de abril de 2019. A través de su Secretaría Técnica determina la idoneidad de las medidas de reubicación temporal (eufemismo utilizado para referirse a la desplazamiento forzado) del domicilio, para lo cual turna al Mecanismo Federal de Protección estos casos para que confirme o no la implementación de la medida”, explica.
En ejercicio de transparencia se obtuvo como respuesta a la solicitud de información con folio 111100500373523 que actualmente dos periodistas se encuentran desplazados: uno de León que data de octubre de 2019 y otro de Irapuato que entró en junio de 2022. En cuanto a personas defensoras de derechos humanos se da cuenta de cuatro: dos de Salvatierra desde junio de 2021 y dos de Juventino Rosas de enero y mayo de 2022.
Todos los casos están integrados a la protección del Mecanismo Federal, no obstante la Secretaría de Gobierno de Guanajuato en su respuesta advierte que “por la naturaleza de los procesos, la data que se informa no será necesariamente coincidente entre la federación y el estado”.
Argumentaron que los datos corresponden a personas defensoras de derechos humanos y periodistas que fueron canalizadas al Mecanismo Federal, “por lo que el estatus, vigencia, recursos destinados, órdenes de gobierno y medidas posteriores de seguimiento, podrán ser consultadas ante esa misma instancia”.
Por su parte, la CEAIV señaló en la misma respuesta a la solicitud de información que no se tienen identificados casos de desplazamiento forzado como tal, “sin embargo, ha habido ocasiones en las que, dado el riesgo en el que se encuentran las personas, se les ha proporcionado alojamiento y alimentación temporal en casos de urgencia”.
Estos casos excepcionales implican a siete personas del municipio de Acámbaro, víctimas de desaparición de personas que datan de 2021 y el otro es el de cuatro víctimas de Celaya cuyo apoyo es de 2022.
Vida vulnerada: Myrna Gómez
La periodista Myrna Gómez describe su desplazamiento forzado como un proceso de vulnerabilidad que inició con el medio de comunicación para el que laboraba, hasta el laberinto burocrático para recibir protección ante el acoso y amenazas que recibió por parte de sujetos desconocidos que llegaron a su domicilio.
Está por cumplir diez años en el oficio periodístico. En su temprana trayectoria, Myrna fue asignada a la cobertura de la intervención policial denominada “Golpe de Timón”, que entre abril y julio del 2019 realizó el gobierno de Guanajuato junto con fuerzas federales en el municipio de Villagrán, justo en la comunidad de Santa Rosa de Lima, con objetivo de desarticular al grupo criminal del mismo nombre.
Fueron varios días de movilizaciones policiacas en las que la participación de los medios de comunicación fue coordinada por la Secretaría de Seguridad Pública, con el supuesto objetivo de proteger a los periodistas presentes en el lugar. Sin embargo, justo después de esa cobertura que Myrna realizó para la cadena Meganoticias comenzó a ser asediada por sujetos desconocidos.
“Empezaron a buscarme. Fueron tres o cuatro ocasiones que fueron a buscarme y que rondaban por mi casa. Los vecinos empezaron a decirme ‘oye, vienen a buscarte personas armadas y preguntan por ti, con quién vives, quiénes viven’ (…) más o menos justo fue en septiembre del 2019 cuando radicaba en León”.
Las señas particulares que se tenían sólo era que los sujetos se trasladaban en camionetas. La gota que derramó el vaso llegó el 11 de octubre del 2019 cuando su padre le pidió hablar seriamente.
“Voy a su casa y muy preocupado me comenta ‘vinieron a buscarte, a preguntar por ti; eran hombres en camionetas grandes con vidrios polarizados’. Preguntaban exactamente por mi nombre y ‘la reportera’ (…) ‘dígale que se cuide’ fue lo único que le dijeron a mi papá”, recuerda.
Desplazamiento obligado
El hecho de que los sujetos hayan detectado y acudido al domicilio de su padre fue la señal de alarma para Myrna, quien decidió no llegar a su casa cuando iba por algunas cosas. “Intenté ir hacia mi casa y en la esquina, antes de dar vuelta, me doy cuenta que había unas camionetas sospechosas estacionadas afuera. Entonces, ya no regresé”.
Myrna tiene dos hijas, por ello la sensación de vulnerabilidad fue inmediata. Ello la motivó a pedir apoyo para alojarse y al solicitar orientación obtuvo el contacto del Mecanismo Estatal de Protección a Periodistas y Defensores de Derechos Humanos, pero la respuesta no fue inmediata.
Recuerda que el mecanismo estatal le recomendó interponer denuncia, pero sentía que esto la pondría en riesgo, al igual que a sus hijas.
“Yo dije que poner la denuncia y regresar a mi casa es decirles: aquí estoy, vengan por mí. Y yo no puedo hacer eso, yo no puedo exponer a mis hijas. Entonces dije que no y me dijeron que sería el Mecanismo federal quien recibiría la solicitud de apoyo de traslado y ellos tomarían la decisión”.
Optó por solicitar la reubicación temporal debido a que la protección policial era inviable, sobre todo para proteger a sus dos hijas que asistían a diferentes escuelas.
En el medio de comunicación donde laboraba la reacción no fue la que hubiera deseado. La calificaron de paranoica y sólo le recomendaron que tomara sus vacaciones y luego regresara.
El Mecanismo le advirtió que el apoyo para el desplazamiento iba a ser sólo por tres meses. Cuando terminó ese período la regresaron a León y tuvo que vivir un mes en un hotel con sus hijas y sin dinero.
“Después de ese mes nos movieron a una casa y nos dijeron que ahí podía estar en lo que se realizan las investigaciones. Pasaron tres meses y nos dijeron que serían otros dos o tres meses más, luego llegó la pandemia y se detuvo todo”.
La reubicación la llevó a San Luis Potosí, como una de las dos opciones que le ofrecieron de resguardo. Fue en ese lapso de los primeros tres meses que la casa que estaba rentando en León fue allanada y robada por completo. Se llevaron todas sus pertenencias.
Revictimización continua
Transcurrió el apoyo del Mecanismo por dos años y medio, hasta que planteó la posibilidad de no regresar a Guanajuato y pidió que la ayudaran a iniciar una nueva vida en San Luis Potosí. Sin embargo, en mayo de 2022 le avisaron que todo el apoyo estaba por terminar.
“Me avisan: ‘en tres días ya se te va a quitar la protección’. Oye, me estás avisando que en tres días me vas a quitar todo, pero ¿cómo va la investigación? o sea, Guanajuato se excusa diciendo que yo no metí denuncia, pero yo tengo la denuncia en la CEAIV y tengo año y medio que se contactaron conmigo, porque según ya tenían mi número de calidad de víctima y a la fecha no me han dado la cara”, afirma.“Fueron dos o tres llamadas y nunca me dieron mi número de calidad de víctima. Se ha intentado poner en contacto el Mecanismo con el gobierno del estado de Guanajuato, también con la Fiscalía y no encuentran ni mi carpeta”.
En la Fiscalía General del Estado no hubo un mejor escenario para Myrna. Señaló que primero le indicaron que no había fiscal para su caso y, cuando este llegó, no pasaron ni 15 días y ya lo habían cambiado, por lo que no hubo quién empezara a investigar su denuncia tanto por el acoso, como por el robo a su casa.
“Han pasado como por siete manos mi carpeta, pero no han dado respuesta. No sé ni qué onda. Por eso también me quitaron las medidas de protección, porque pues no hay nada; no hay ninguna información o no hay indicios de la investigación. No hay información”.
A Myrna le notificaron en mayo del 2022 que debía dejar el refugio que le fue asignado. Oficialmente le estaban retirando las medidas de protección.
Le dieron un mes para salir del refugio. Afortunadamente en San Luis encontró el apoyo de la red de apoyo de periodistas y consiguió trabajo. Luego se sumaron organizaciones ligadas a la Unión Europea, así como de la asociación civil Comunicación e Información de la Mujer (Cimac).
Myrna ahora vive con las repercusiones médicas por exceso de estrés, luego de un encierro obligatorio antes de la pandemia. Vivió dos años y medio saliendo cada 15 días, sólo para hacer compras e ir al banco.
“Tengo un cuadro de ansiedad. Me sentaba al mediodía y me podía comer tres barras de chocolate a mordidas en menos de media hora. Subí muchísimo de peso, me dio prediabetes”.En diciembre del 2021 padeció los estragos de la artritis reumatoide. Fueron casi siete meses en cama porque de un día para otro dejó de caminar. Ahora, parcialmente recuperada trata de mantenerse activa con la redacción periodística, pero ya sin la protección del Estado y la sensación inminente de estar vulnerable.
Protección a contracorriente
“No entiendo porque es tan complejo acceder a las medidas desde el consejo o desde el mismo Mecanismo”, admitió Olimpia Montoya Juárez, quien es integrante del Consejo Estatal de Protección a Periodistas y Defensores de Derechos Humanos e integrante del colectivo Proyecto de Búsqueda para el caso de personas desaparecidas.
Desde su posición, Olimpia ha pugnado por modificar la funcionalidad del proceso estatal para que este no sólo sirva para llegar al Mecanismo Federal de Protección.
“El Consejo no puede ser como un trampolín nada más para entrar al Mecanismo, sino que debería de ser como tal un organismo que pueda actuar inmediatamente. Puede saber qué pasa, pero está limitado porque no tiene esas funciones desde la ley”, consideró.
Se trata, expuso, de que se tenga la capacidad de una gestión inmediata, valorar el factor de riesgo y emitir una medida cautelar en lo que el Mecanismo hace su trabajo. Actualmente, es la burocracia y la falta de entendimiento la que deja al Consejo como una ventanilla del Mecanismo y por ello, advirtió, no hay diagnósticos de casos de desplazamiento forzado.
“No está funcionando como debe ser, aunque esté establecido en una ley cuál debe ser su función y sus procedimientos. Ahí creo que no hay una buena metodología y no hay criterio de lo qué es inmediato y lo qué no; o lo que es peligro inminente. Varían mucho (las decisiones) dependiendo de dónde se haga el análisis”, cuestiona.
“No siento que sea ni eficiente ni esté cubriendo las necesidades ni de periodistas, ni de buscadores y ni de defensores de los derechos humanos; (de ser así) no tendríamos tantos casos lamentables donde hay fallecidos o desaparecidos”, advirtió.
* Iniciativa implementada por Comunicación e Información de la Mujer A.C., el Centro de Derechos Humanos de las Mujeres, A.C en Chihuahua. y Consorcio para el Diálogo Parlamentario y la Equidad Oaxaca A. C financiado por la Unión Europea en el proyecto Mujeres defensoras y periodistas incorporan el enfoque de derechos humanos de las mujeres en la política pública de protección integral en la materia.
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