Por Periodistas Digitales
El Movimiento por Nuestros Desaparecidos en México (MNDM) integrado por 86 colectivos de 25 estados de la República mexicana y de 3 países de Centroamérica emitieron un comunicado en alusión a la conmemoración de seis años de la Ley General en Materia de Desaparición Forzada y explicaron los retos y los problemas a que se enfrentan al buscar a sus desaparecidos.
Hoy, 16 de enero de 2024, se cumplen seis años de la vigencia de la Ley General en Materia de Desaparición Forzada, A partir de esta legislación esencial, se estableció el Sistema Nacional de Búsqueda, un logro significativo de nuestra lucha. Durante estos seis años, las familias de personas desaparecidas hemos trabajado con tenacidad, coraje, y a menudo, desesperación, colaborando estrechamente con los gobiernos federal y estatal para crear y operar instituciones dedicadas a la búsqueda de nuestros seres queridos.
Sin embargo, nos encontramos ahora en un momento crítico. El gobierno federal está desmantelando las estructuras que creamos para enfrentar esta crisis, una crisis que sigue desgarrando el tejido social, creando incertidumbre, temores de retrocesos y una sensación de desdén hacia las víctimas de desaparición de este país. Algunos ejemplos de estas acciones victimizantes son:
La realización de un “censo” carente de transparencia, metodología, y consulta con las familias y la sociedad, que permita dar credibilidad a los datos presentados. El “censo” es un claro intento de debilitar al Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas, establecido por la Ley General y sostenido por las fiscalías y las comisiones de búsqueda estatales. La opacidad gubernamental en esta iniciativa, particularmente en un contexto electoral, sugiere un despropósito: manipular las cifras de desaparecidos, minimizando así la gravedad de la situación.
La significativa reducción de personal en la Comisión Nacional de Búsqueda, y en el Centro Nacional de Identificación Humana, sin un diagnóstico público y un plan de trabajo claro, demuestra una falta de preparación y visión para el futuro.
La escasa disposición política para entablar diálogo y consulta con las familias de personas desaparecidas, lo que evidencia un menosprecio hacia ellas, contraviniendo el principio fundamental de la Ley General que enfatiza ‘¡Sin las familias, no!
La promulgación de esta legislación no fue un acto espontáneo ni una iniciativa proactiva del gobierno mexicano. Al contrario, surgió como resultado de una presión social intensa y las propuestas concretas generadas por la acción política organizada de las familias de personas desaparecidas, muchas de ellas articuladas en el Movimiento por Nuestros Desaparecidos en México. Esta ley es una respuesta directa a la inacción de las autoridades en la búsqueda y esclarecimiento de los casos de nuestros seres queridos.
En el contexto de los recientes cambios gubernamentales, es crucial recordar los orígenes de la Ley General, forjada en nuestra incansable lucha y demanda de justicia. Frente a un clima de violencia y criminalidad, y ante la indiferencia y pasividad de las autoridades en establecer mecanismos efectivos de búsqueda e identificación, las familias organizadas nos levantamos para proclamar el principio de “¡sin las familias, no!” Este lema simboliza nuestra exigencia de ser partícipes activos en la búsqueda, localización e identificación de nuestros familiares, reconociendo nuestra intervención como un derecho fundamental.
La consigna “sin las familias no” implica una demanda a las instituciones de crear mecanismos que fortalezcan la participación y el debate en torno a los derechos de los familiares de personas desaparecidas. El trabajo conjunto es esencial para construir confianza y canales de comunicación sólidos, elementos fundamentales en una democracia.
Además, esta legislación pretendía ser un reconocimiento oficial de la grave magnitud del problema de las desapariciones en México. La definición de persona desaparecida, piedra angular de la Ley, fue concebida desde una perspectiva amplia, con el objetivo de ofrecer la máxima protección a la vida y la dignidad tanto de las personas desaparecidas, como de sus familias.
Ante los recientes cambios en el Sistema Nacional de Búsqueda, observamos con profunda preocupación y decepción los intentos del gobierno de regresar a debates ya superados, lo que resulta en una revictimización y desvalorización de nuestros esfuerzos. Cuestionar la realidad de las desapariciones es una afrenta a nuestra dignidad y pone en riesgo la vida e integridad de nuestros seres queridos. Nos alarma que, en vez de un Estado comprometido con la búsqueda activa de personas, las instituciones parecen enfocarse en disputar las cifras de desaparecidos.
El diálogo constructivo y la colaboración en la creación de propuestas con las autoridades han sido características distintivas del Movimiento por Nuestros Desaparecidos en México (MNDM). Sin embargo, este diálogo no puede ser incondicional; debe basarse en el reconocimiento y respeto de nuestra experiencia y conocimiento, con un trato digno y justo. Si bien entendemos que toda ley o política pública puede mejorarse y debe ser revisada periódicamente, estas revisiones deben priorizar las necesidades de las víctimas y no estar influenciadas por intereses políticos o electorales.
Frente a los cambios políticos en nuestro país, exigimos que los gobiernos federal y locales:
Reafirmen su compromiso con los principios que dieron origen a la Ley General.
Que frenen el desmantelamiento de las instituciones creadas para tal fin,
Que mantengan un reconocimiento sin cortapisas de la dimensión de la tragedia que vivimos
Que entablen un diálogo que reconozca nuestro conocimiento y aporte histórico a la construcción de una política pública integral para revertir las desapariciones en nuestro país.
Exigimos que el Estado Mexicano detalle claramente su plan de trabajo, con plazos y objetivos definidos, para que juntos podamos trazar un camino claro en el abordaje del fenómeno de las desapariciones.
Además, solicitamos la transparencia en los perfiles de los nuevos nombramientos en la Comisión Nacional de Búsqueda (CNB) y la justificación de los despidos, para brindar tranquilidad y certidumbre a las familias afectadas por este proceso.
Concluimos reafirmando nuestro compromiso con la búsqueda de verdad y justicia. Urgimos a las autoridades a responder con acciones concretas y transparentes, respetando los derechos de las personas desaparecidas y sus familias.
¡Sin las familias, no!
Movimiento por Nuestros Desaparecidos en México (MNDM)
Conformado por 86 colectivos de 25 estados de la República mexicana y de 3 países de Centroamérica
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