Nicolás Cruz Hernández
Xalapa Ver, 12 febrero 2024.- La Comisión de Familiares de cafetaleros acusados por la empresa Agro Industrias Unidas de México (AMSA) SA de CV., con sede en Ixhuatlán del Café, ocurrido en enero del 2022. Se pronunciaron en conferencia de prensa, para protestar por el procedimiento seguido por la fiscalía General del Estado, que se ha negado a recibir y validar pruebas y testimonios de los acusados que demuestran que se encontraban en otro lugar al momento del incendio suscitado en la empresa., que los acusa sin fundamento ni pruebas de que ellos lo provocaron, lo cual dijeron es mentira.
Recordar que los cafetaleros Cirio Ruiz González, presidente del Consejo Regional del Café, Viridiana Bretón Feito, ex alcaldesa de Ixhuatlán del Café, y los productores cafetaleros Crisanto “N”, Minervo “N” y Abraham “N”, fueron detenidos arbitrariamente el 26 de mayo de 2023 en Veracruz y liberados meses después para continuar su proceso en libertad.
Así como otros que tienen órdenes de aprehensión vigentes, que acusaron a la empresa de boicotear acuerdos con la Secretaría de Gobernación para acabar con las acusaciones contra los productores por su presunta participación en el incendio y daños causados al beneficio de café en Ixhuatlán del Café, Veracruz, por su presunta responsabilidad en el incendio registrado en las bodegas de Agro Industrias Unidas de México (AMSA) SA de CV., con sede en Ixhuatlán del Café, ocurrido en enero del 2022.
Los cafetaleros señalaron que el presidente Andrés Manuel López Obrador pidió a la Secretaría de Gobernación, a cargo de Luisa María Alcalde, lograr un acuerdo entre la empresa AMSA y los cafetaleros.
En las negociaciones, la empresa AMSA presentó algunas condiciones para retirar la demanda contra los productores de café, que incluían el que debería repararse los daños al beneficio del café por el corte de luz, agua al beneficio y café que no llego a tiempo para su procesamiento.
“Los acusados y familiares no aceptaron la última propuesta porque no podían reconocer un daño que no cometieron. En el último documento de AMSA se maneja un lenguaje intimidatorio y es una burla también para Gobernación. Es muy grave que esta empresa siga actuando con impunidad y es la que debería responder por los daños que ha ocasionado a los acusados y familiares utilizando testimonios falsos”, señalaron los familiares.
Acusaron que la fiscalía General del Estado, se ha negado a recibir y validar pruebas y testimonios de los acusados que demuestran que se encontraban en otro lugar al momento del incendio suscitado en la empresa., que los acusa sin fundamento ni pruebas de que ellos lo provocaron, lo cual dijeron es mentira. Del mismo modo, señalaron que las pruebas presentadas por Agro Industrias Unidas de México (AMSA) SA de CV., fueron fraudulentas y, sin embargo, procesadas rápidamente.
Pidieron al gobierno del estado que sea la Fiscalía estatal la que inicie un proceso de desistimiento de la acusación, “ya debe terminarse el abuso e impunidad de la empresa AMSA – ECOM, el gobierno federal ya debe asumir sus responsabilidades y debe intervenir en Veracruz y que ya se detenga este caso de corrupción y abuso”, advirtieron.
De acuerdo a Fernando Celis Callejas, asesor general de la Coordinadora Nacional de Organizaciones Cafetaleras (CNOC), asegura que la Fiscalía actúa en favor de la empresa, lo que significa una falta de respeto a la justicia y «un coto de poder de intereses de funcionarios». Los familiares afirman que las pruebas, de ser debidamente procesadas, significarían la exoneración inmediata de los acusados, y piensan que se niegan a validarlas por proteger ciertos intereses.
“Nuestro delito ha sido defender los precios justos del café”, señalaron los cafetaleros a través de una carta hecha pública el 21 de junio, y en donde argumentaron que su detención es una represalia por defender el valor de su trabajo como productores frente a empresas trasnacionales que bajan el precio del grano de manera arbitraria.
Los familiares dijeron que actualmente la situación legal de los acusados están en supuestamente en libertad pero con muchas restricciones arresto domiciliario., por lo que pidieron la intervención del gobierno federal y del gobierno estatal para que el juicio contra los acusados se dé por terminado. También señalaron que es necesario que se realice una investigación por parte del Consejo de la Judicatura.
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