CIUDAD DE MÉXICO (apro).- Gobernadores y gobernadoras de Morena y partidos aliados hicieron un “llamado respetuoso” a la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) a fin de considerar la permanencia de la prisión preventiva oficiosa –una figura polémica cuya aplicación ha sido considerada como violatoria de los derechos humanos– como parte fundamental de la política de combate al crimen enarbolada por la Cuarta Transformación.
En uno más de los desplegados que habitualmente comparten en redes sociales para alinearse a las políticas del presidente Andrés Manuel López Obrador, los mandatarios estatales argumentaron que esta controversial figura permite evitar la impunidad.
En marzo de 2023, la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CorteIDH) emitió una sentencia en la que consideró que la prisión preventiva oficiosa en México es inconvencional y sancionó al país por mantener a dos hombres sujetos a esta medida durante 17 años sin recibir sentencia condenatoria.
La SCJN prevé discutir cómo deberán los juzgadores del Poder Judicial de la Federación cumplir con la sentencia de la CorteIDH.
Esta resolución se refiere al caso de Daniel García Rodríguez y Reyes Alpízar Ortíz y en ella se declaró responsable al Estado mexicano de violar la libertad personal y la presunción de inocencia.
El pasado 7 de febrero, Proceso dio a conocer que incluso hay un proyecto de la ministra Margarita Ríos Farjat –quien llegó a la Corte a propuesta del presidente Andrés Manuel López Obrador– en el que se propondrá acotar la ampliación del catálogo de delitos que merecen prisión preventiva de oficio, impulsada por el gobierno federal, y se reinterpretará la figura para que deje de ser automática.
El desplegado
En el pronunciamiento, los gobernadores formulan “consideraciones” respecto de la resolución que deberá emitir la Corte respecto de la prisión preventiva oficiosa.
“Hacemos un llamado respetuoso para que la Suprema Corte de Justicia de la Nación considere lo aquí expuesto, ya que se trata de una decisión que impactará directamente en la seguridad pública y gobernabilidad del país y con ello en la de las entidades federativas, de cuyos gobiernos somos responsables”, destaca el desplegado.
“Conscientes de la importancia que reviste la observancia del máximo ordenamiento jurídico, nos pronunciamos en calidad de Amicus Curiae, con absoluto respeto a la figura que representa la SCJN, a efecto de que se considere el principio de supremacía constitucional atendiendo siempre a los derechos de las víctimas del delito, puesto que son ellas quienes resienten directamente las consecuencias de las conductas antisociales”, plantean los gobernadores de la 4T.
Los mandatario estatales reconocen que las sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos son en efecto vinculantes. Sin embargo, sostienen, “éstas deben estar armonizadas y no transgredir el contenido de nuestra Constitución previo pronunciamiento de la propia Suprema Corte”.
Argumentan que la figura de la prisión preventiva oficiosa responde a una política de combate al crimen que permite garantizar una adecuada conducción del proceso penal y lograr el esclarecimiento de los hechos, proteger a las víctimas de los delitos, procurar que el responsable no quede impune, así como lograr que sean reparados los daños causados por el delito.
“Es muy importante manifestar que la restricción que se pretende declarar inconstitucional se refiere a delitos de alto impacto y de clara repercusión social que en su momento fueron considerados como graves, y en los que el ministerio público sólo puede solicitar al juez la prisión preventiva cuando otras medidas cautelares no resulten suficientes para garantizar la comparecencia del imputado a juicio, el desarrollo de la investigación, la protección de la víctima, de los testigos o de la comunidad; así como cuando el imputado esté siendo procesado o haya sido sentenciado previamente por la comisión de un delito doloso. Por lo tanto, solo en esas condiciones precisas, el juez ordenaría la prisión preventiva de forma oficiosa”, detallan en su pronunciamiento.
En ese contexto concluyen que, de otorgársele preferencia a una norma de carácter internacional sobre el derecho interno, “llevaría a vulnerar a la propia Constitución”.
Comentarios