XALAPA, VER.- El dirigente estatal del PRD, Sergio Cadena Martínez, denunció que la Auditoría Superior de la Federación (ASF) concluyó que el Poder Judicial de Veracruz no logró solventar una observación de 82 millones de pesos detectados en la cuenta pública de 2021.
Explicó que este presunto desvío de recursos se detectó en el periodo de Joana Marlen Bautista Flores cuando fungía como Administradora General del Consejo de la Judicatura del Poder Judicial del Estado.
En ese sentido, el lider perredista explicó que de acuerdo con un documento de la Auditoría Especial de Seguimiento, Informes e Investigación de la ASF, el Poder Judicial de Veracruz reconoció haber utilizado recursos federales etiquetados en los capítulos 2000, 3000 y 5000 con tal de poder hacer frente a obligaciones laborales en el ejercicio fiscal 2021.
Sin embargo, la administración del Poder Judicial, cuando aún estaba al frente Joana Marlen Bautista Flores, no contempló el pago de servicios personales en el ejercicio fiscal de 2021 como salarios, bonos y otras prestaciones, dijo Cadena Martínez.
La ASF, concluyó que el Poder Judicial de Veracruz no fue capaz de aclarar o justificar “el haber incrementado durante el ejercicio fiscal 2021 la asignación global de servicios personales aprobada originalmente en el Presupuesto de Egresos del Poder Judicial del Estado de Veracruz de Ignacio de al Llave y registrar un monto pagado superior al originalmente aprobado”, precisó.
Cadena Martínez, refirió que subsiste el monto observado por 82 millones 4 mil 811 pesos que no ha sido solventado.
Cabe mencionar que, en junio de 2021, la entonces presidenta del Poder Judicial, Isabel Romero Cruz, anunció el cierre de 29 juzgados en Veracruz, con lo que dijo ahorraría un total de 22 millones de pesos, como parte de un plan de austeridad, optimización y disciplina presupuestal.
Pese a esas medidas, en septiembre de 2021, el Poder Judicial solicitó al Congreso local una ampliación presupuestal por 519 millones 991 mil pesos, adicionales a los mil 614 millones que tenía aprobados para ese año. El organismo argumentó un déficit presupuestal de 468 millones de pesos que le impedían cumplir con funciones jurisdiccionales y administrativas.
La propia expresidenta del Poder Judicial, Isabel Romero Cruz, reconoció en un evento público que no contaban con dinero para cambiar “los sapos de los baños”.
De ahí que dejó en claro que el Poder Judicial está obligado a presentar las denuncias correspondientes.
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