Por Sandra Segura
El diputado de Movimiento Ciudadano, Adrián Ávila, presentó una iniciativa para reformar y adicionar diversas disposiciones a la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con ellas del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave. En su discurso, destacó la crisis de derechos humanos que atraviesa México, manifestada en el desarrollo de megaproyectos que afectan a comunidades rurales e indígenas.
El diputado Adrián Ávila subrayó que estos proyectos generan beneficios pero también innumerables afectaciones en el medio ambiente y sobreexplotación de recursos naturales.
Además de violar los derechos humanos de las comunidades afectadas.
También señaló que la falta de consulta y participación de estas comunidades en la planeación y ejecución de los proyectos genera descontento y vulnera sus derechos fundamentales.
El diputado recordó las recomendaciones de la Relatoría Especial de la ONU en 2018, que instaban al Estado Mexicano a consultar previamente a las comunidades afectadas por megaproyectos y detener la criminalización de quienes defienden sus territorios.
Estas recomendaciones resaltan la necesidad de una consulta previa, libre, informada y culturalmente adecuada lo que obviamente no se ha hecho.
En diciembre de 2022, la misma Relatoría Especial de la ONU emitió un comunicado criticando la clasificación del Tren Maya como Proyecto de Seguridad Nacional, lo que podría eludir salvaguardias ambientales y sociales.
Esta clasificación no exime a México de sus obligaciones internacionales en materia de derechos humanos y protección ambiental.
Es un problema del desplazamiento forzado causado por los megaproyectos, que obliga a las comunidades a abandonar sus hogares sin una justificación adecuada. Además, mencionó los actos de ecocidio que resultan de la devastación de flora y fauna en las zonas afectadas.
Se resalta la importancia de los mecanismos de participación ciudadana, como el plebiscito, el referéndum, la consulta ciudadana y la iniciativa popular, que ayudan a construir una visión compartida entre el Gobierno y la población, promueven la transparencia y la rendición de cuentas, y cierran los espacios de corrupción.
Sin embargo, reconoció que en México, y particularmente en Veracruz, la participación ciudadana aún enfrenta muchos obstáculos.
Hay una necesidad de diseñar mecanismos formales que guíen a una diligencia adecuada con enfoque de derechos humanos, para buscar soluciones donde todos los intereses sean escuchados.
Esto implica construir mecanismos de comunicación efectivos entre las empresas y las poblaciones afectadas por los proyectos, garantizando su derecho a la información y a ser consultados sobre las decisiones que impactan sus comunidades.
El desarrollo de megaproyectos no solo afecta el derecho a un ambiente sano, sino que también tiene consecuencias negativas en el desplazamiento forzado de las comunidades.
Por ello la presentación de la iniciativa de Ávila Estrada busca garantizar la participación de las comunidades y la transparencia en la evaluación de los impactos ambientales y de derechos humanos.
La iniciativa propone garantizar el derecho a la consulta, establecer que las consultas sean vinculantes y realizar consultas colectivas coordinadas por el Organismo Público Local Electoral del Estado de Veracruz.
Proyectos de la 4T hoy en día dejan a las comunidades al margen y solo con los daños tal vez irreversibles.
El problema no es que no existan leyes para proteger a la flora, fauna y pueblos, sino que existan delincuentes que lleguen al poder como López Obrador y toda la asquerosa mierda política morenista de izquierda que viole la ley todos los días y que se sientan por encima de ella. México no debe volver nunca a dejar llegar al poder a esa porquería de personajes delincuentes y coludidos con el narco.