Hay una versión según la cual –en los días cercanos al aniversario de la tragedia de Iguala– el Papa (de viaje por América) habría querido ir a Ayotzinapa para oficiar una misa en memoria de los desaparecidos.
Nadie en el gobierno ha podido confirmar esa especie, pero sí se puede afirmar, sin margen de error, cómo el papa Francisco habría sido considerado por los padres de los desaparecidos –con aceptación de algunos grupos internos en la iglesia, en especial de la Compañía de Jesús– como un consejero a quien le solicitaron, a través del gobernador de Guerrero, Rogelio Ortega, una audiencia en Roma.
El efímero mandatario guerrerense, de manera sigilosa, inició gestiones para presentarse ante el Sumo Pontífice, como acompañante y gestor de algunos de los familiares de los jóvenes de Ayotzinapa.
Su intento fue conocido por el embajador Mariano Palacios quien canalizó la información a la Secretaría de Gobernación y a la Cancillería. Nada prosperó, pues nada se hizo por los conductos debidos y lejos de eso enturbió las aguas. Hasta el agua bendita.
Pero más allá de este episodio, todos sabemos cómo la Iglesia Católica tiene mucha intervención en los asuntos relacionados con Ayotzinapa. También es un lugar común insistir en la participación eclesiástica en temas de insurgencia y activismo en zonas rurales del país. Actúa en todas.
Y no pongo más ejemplos. Imposible la organización del Ejército Zapatista de Liberación Nacional sin el auxilio del entonces obispo de San Cristóbal, Samuel Ruiz, inspirador y legionario del zapatismo. Hombre de la leva de los indígenas y los catequistas y enlace entre el mundo teológico pastoral politizado y las comunidades chiapanecas.
Por otra parte se debe considerar la expresión pública del Papa el año pasado sobre lo ocurrido en Ayotzinapa. No le gustó al Gobierno mexicano, pero tampoco fue del agrado de los padres, porque el Papa dijo una cosa terrible para quienes quieren ver vivos a los desaparecidos. Se manifestó conmovido e indignado ante la evidencia de un país capaz de “matar a sus estudiantes”.
Esa fue una declaración terrible para el Gobierno, pero también terrible para los padres o para la parte de la Iglesia implicada con las movilizaciones políticas de los padres, cuya petición irreductible es la presentación con vida de los desaparecidos cuyo destino de crematorio no es admisible. No me refiero a padres como sinónimo de sacerdotes, sino padres como sinónimo de jefes de familia o de progenitores de los desaparecidos.
En ese contexto vale señalar algo más: ya hubo una presencia del Vaticano en Ayotzinapa. Una presencia directa y actuante: Christophe Pierre, el nuncio, ofició una misa en Ayotzinapa con los padres.
Ese es un mensaje del interés del Vaticano en estas causas de los derechos humanos, figura jurídica de alguna manera, hechura o respuesta de la Iglesia a ciertos fenómenos históricos.
Pero aquí también hay una pugna intereclesiástica: no son lo mismo la Iglesia de Christophe Pierre o la Iglesia de Norberto Rivera; y no es lo mismo la expectativa del Papa con la feligresía, al deseo del Papa con la jerarquía.
Entonces, hay un nombramiento muy importante del Papa para hacer cardenal a Alberto Suárez Inda; y el obispo michoacano, ha hablado de quienes manipulan a los padres de los jóvenes desaparecidos en Ayotzinapa.
Y de ahí pasamos a otro personaje cercano de la Iglesia:
Emilio Álvarez Icaza. ¿Por qué?
Por una razón muy sencilla: el padre de Emilio Álvarez Icaza, constructor de uno de los primeros centros de defensa de derechos humanos de México, llamado el Centro Nacional de Comunicación Social, la escuela de Emilio, fue, junto con su esposa, invitado como uno de los muy pocos representantes de los laicos del mundo al Concilio Vaticano II del Papa Juan XXIII. Desde entonces hay una cercanía ideológico-religiosa.
Después, desde ahí, se crearon todas estas organizaciones como Cencos en la cual Emilio se formó. De ahí a la Comisión de Derechos Humanos del DF, a la pelea por la CNDH y hasta ahora a la Secretaría General de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, en Washington.
Y no olvidemos quién lleva, sube, trae, acompaña, y dispone abogados; determina itinerarios y contactos; lleva de viaje y arropa, y conduce y representa, a los padres de los jóvenes desaparecidos: el Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro.
– ¿Quién fue Miguel Agustín Pro?
Un jesuita fusilado por el Gobierno de México por haber participado en el asesinato de Álvaro Obregón. Para unos, cómplice en un magnicidio; para otros, mártir de la fe, con estatuas (San Agustín, Polanco) y templos con relicarios y devociones en su favor (La Sagrada Familia) en la ciudad de México y otros lugares.
Su juicio ha sido utilizado por la iglesia como una prueba de la violación de derechos humanos. Un abuso de poder. Por eso el nombre del centro de activismo ferviente desde el cual se opera la presencia pública de los padres de los desaparecidos de Guerrero. Un detalle: la lista de invitados de los padres a la reunión con Enrique Peña, necesitó la aprobación del Pro.
Entonces, la historia de la Iglesia y los movimientos sociales en este país no es una cosa inventada por columnistas ociosos. Es un hecho muy visible, muy vigente, muy tangible, muy real, y, sobre el cual el subsecretario de Asuntos Religiosos de Gobernación, Humberto Roque Villanueva debería dar, por lo menos, una explicación.
– ¿De veras se le negó al Papa la posibilidad de oficiar una misa en Ayotzinapa, ¿de veras lo pidió o, simplemente, es un rumor publicado?
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Abierta la convocatoria para suceder a José Narro en la rectoría de la UNAM (¡vaya paquete que deja el doctor!), se deben analizar no sólo los antecedentes académicos de quienes aspiren al cargo, sino sus proyectos.
Hoy esta columna presenta una síntesis de la propuesta de la doctora Rosaura Ruiz.
“Aquí es importante –dice– una definición conceptual, pues se habla mucho de calidad en el rubro de la educación pero, al menos en México, hay una falta de consenso, claridad y definición tal que ni siquiera encontramos correspondencia, en este sentido, entre la Ley General de Educación, la Ley del INEE (en su artículo 5) y la Ley General del Servicio Profesional Docente.
“Por ello lo primero es definir qué características se consideran esenciales de una educación de calidad.
“Desde el punto de vista de mi Plan éstas son:
1) Profesores con conocimientos disciplinarios sólidos y capacidades probadas para la enseñanza –actualización de los conocimientos y de la planta docente–;
2) Pertinencia de los contendidos en relación con la realidad social, cultural, política, académica y laboral de México y el mundo;
3) Formación “transdisciplinar”, bilingüe y en TICs en todos los Programas;
4) Formalidad, seriedad y respetabilidad de los docentes, investigadores y trabajadores de la UNAM, y un estricto apego al Código de Ética Universitaria por parte de los mismos;
5) Programas teórico-prácticos y en constante revisión por parte de la planta de docentes e investigadores;
6) Iniciación en la investigación desde la formación en el nivel licenciatura;
7) Oferta de Salidas profesionales para nuestros estudiantes;
8) Vinculación real y efectiva con el mercado laboral;
9) Impulso y fomento del emprendimiento y la incubación de empresas;
10) Poner al estudiante en el centro de todos los esfuerzos mediante la continuación y profundización del Plan de Apoyo Integral para el Desempeño Escolar de los Alumnos (PAIDEA)”.
Obviamente hay más propuestas en este plan, pero el decálogo anterior da una idea clara de la seriedad de la directora de la Facultad de Ciencias de la propia UNAM.
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Rafael Cardona
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