Miembros distinguidos de un Estado fallido/ Matices

El ex gobernador de Tamaulipas Tomás Yarrington detenido por narcotráfico fue otro de los grandes financiadores de la campaña de EPN a la presidencia, si habla en Estados Unidos, otros caerán
México tiene un Estado de derecho disfuncional y plagado de corrupción. Su acusación contra el ex gobernador priista de […] es pusilánime y sin pruebas. […] Un insulto a las miles de víctimas de los carteles para los que trabajó. [El ex gobernador] es un bad hombre que usó y abusó el ejercicio del poder público para cometer delitos graves en beneficio de su patrimonio personal. En contrapartida, la acusación [interpuesta en Estados Unidos] en su contra es sólida y fundamentada en pruebas y testimonios de primera mano. No está politizada ni dulcificada. [El ex gobernador] le pertenece a EU. (Dolia Estévez, Sin Embargo, 15 de abril de 2017)
Omito, sólo al inicio, el nombre del ex gobernador priísta al que hace alusión la periodista Dolia Estévez, por una razón simple: en estos días de descanso por la celebración de la Semana Santa, invito al lector a dar vuelo a su imaginación y poner el nombre del ex gobernador priísta que venga a su mente. Mario, César, Beto, Javier, Tomás, Humberto… el que Ud. quiera, que sin duda encajará fácilmente en la relatoría de Estévez. Esa cada vez más larga lista de miembros “distinguidos” de un país plagado de simulaciones, es síntoma patente de un Estado fallido, nos guste o no, que anuncia la necesidad urgente de un cambio de rumbo.
Alguien podrá decir que no solamente son ex gobernadores; pues también se han documentado casos de policías, fiscales, militares, y hasta deportistas, dedicados a la poco enaltecedora práctica del delito al cobijo del encargo o la fama. En ese sentido, algún desquiciado desde las alturas dirá que ya lo había advertido, que todo es por un “asunto cultural”.
Hay de delitos a delitos; pero parece haber acuerdo que el peor de ellos es aquel que se comete al amparo del cargo público. Porque sean gobernantes, políticos, o funcionarios –unos, elegidos por los ciudadanos como sus representantes, y otros, designados por los gobernantes para desempeñar la tarea fundamental de servir a la ciudadanía–, el hecho de abusar de esa confianza y desviar las atribuciones conferidas para el beneficio particular o de grupo, tiene como dolorosa consecuencia la crisis social, económica, política, y judicial en que nos encontramos.
La situación empeora cuando consideramos la aguzada crítica en el sentido que, cualquier acusación que pudiera esgrimir el gobierno mexicano contra alguno de sus miembros o ex miembros notables sería, por decirlo suavecito, pusilánime; con “pruebas” construidas débilmente por los fiscales, tal vez por incompetencia o dolo, pero con el mismo resultado: el “imputado” sale libre en menos que canta una gallo, y hasta le devuelven sus “títulos nobiliarios” (propiedades, autos, efectivo y demás riquezas mal habidas) acompañados de una sonada disculpa pública… ¿verdad Raúl? Sí, tiene razón la periodista Estévez cuando aduce que las resoluciones de los encargados de impartir justicia en México por lo general insultan a las miles de víctimas, pues nos hallamos inmersos en “un Estado de derecho disfuncional y plagado de corrupción”. Es por ello decepcionante reconocer que es preferible que los presuntos delincuentes sean juzgados por los vecinos del norte y no de este lado. Por cierto, la nota aludida se refiere al ex gobernador Tomás Yarrington. Tal vez no sea el ex gobernador que usted estaba pensando; esperemos que ése caiga pronto.
El descrédito del sistema político, así como del sistema de justicia mexicano es tal que, como se recoge en notas diversas relativas al caso Yarrington, la justicia italiana (donde el personaje fue detenido el domingo pasado) manifestó serias dudas para extraditarlo a México; la opción más viable, consideran en el país de la bota, es entregarlo a Estados Unidos, donde los cargos son mucho más contundentes… y la impartición de justicia más confiable.
No nos extrañe que acá, en estos momentos, haya en las cúpulas del poder más de uno que esté sumamente preocupado por el caso Yarrington. Si, como se comenta, la captura en San Diego, California, de Édgar Veytia, fiscal de Nayarit, el 27 de marzo, se debió a la información aportada por un famoso, hoy huésped de una prisión en Nueva York, la pregunta que muchos nos hacemos es cuántos de esos hoy intocables gobernantes, políticos y funcionarios, serán desenmascarados por el ex mandatario tamaulipeco una vez que quede resguardado en una prisión gringa, a cambio de canonjías. Cualquiera que sea el desenlace, este hecho y los que se acumulen influirán en el proceso electoral de 2018. Falta poco.

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