Todos, “con los ojos bien cerrados”, como habría dicho Stanley Kubrick, hemos visto la transmisión del debate presidencial o acudido al “apartheid” de los medios en Minería, para atestiguar sin mirar, cómo una quirúrgica discusión por TV mantendrá firmes las previas intenciones de voto, pero mientras los demóscopos, los muy serios y los charlatanes, concluyen sus mediciones sobre cómo quedan los momios, la carrera y las preferencias, bien deberíamos atender hacia otras partes porque en este país, lo crea usted o no, suceden cosas fuera de esta desaforada competencia por ocupar la silla grande y darle a México un rumbo cuya variación nos puede llevar de lo malo a lo peor o de lo peor a lo pésimo.
De todos modos, Juan te llamas.
Muy pronto se va a presentar un nuevo debate de consecuencias muy complejas. Todo depende si algunos condicionales se cumplen o no, pero los augurios nos hacen suponer una batalla jurídico-política, por lo menos muy interesante.
Y en ambos casos el escenario será el Senado de la República, donde la mayoría de quienes ahí laboran, ya meten cosas y cosas en cajas y cajas de cartón porque la legislatura toca a su fin. Pero mientras muchas comisiones se tiran a la hamaca, otras tienen algunos asuntos pendientes.
La ley de Comunicación Social, cuyo nombre esconde su verdadera materia: el dinero dispensado y dispersado a los medios de manera munificente y —dicen los críticos— arbitraria, discrecional, caprichosa o cómplice, salió de San Lázaro con pena y poca gloria, pues se necesitó el fórceps de una mayoría inconsulta para darle salida a un reglamento lleno de omisiones, agujeros y deficiencias.
Eso dicen quienes no quedaron satisfechos —PAN, Morena, PRD, etc.— por el contenido final, en el que no se ponen reglas. Un reglamento sin reglas ni sanciones, ni límites o beneficiarios del gasto bien determinados; hecho para tapar el ojo del macho y lavar por donde mira la suegra.
Pero ese reglamento, esa ley, no obedece a la espontaneidad legislativa, sino a la imposición judicial. Es una ley hecha por mandato de la Suprema Corte de Justicia y en cumplimiento al amparo de un quejoso (Artículo 19, una organización internacional de “defensa” del derecho a la libre expresión), lo cual, complica todo el panorama.
Por tratarse de un caso judicial, la Corte debe evaluar hasta dónde fue cumplido su mandato y si sus lineamientos de legalidad, transparencia, precisión y demás, también lo fueron, como lo ordenó en defensa del quejoso amparado, y si no le parece suficiente, estaríamos frente a la posibilidad de una nueva intervención de la judicatura, la cual podría reclamar el deficiente incumplimiento del acto reclamado.
Dicho de otro modo, la Corte ordenó legislar. No dijo cómo; pero sí dijo “cómo no”.
Y entonces podría señalar en falta al Congreso, siempre y cuando coincida (como los críticos y los quejosos), en el “gatopardismo” legislativo, pues la “Ley Chayote”, lo deja todo igual, pero como morrongo revolcado o mona vestida de seda.
Y si en ocasiones cercanas la Corte ha sustituido jefes delegacionales en la Ciudad de México y ha suprimido alcaldías enteras porque no se han satisfecho sus mandatos en cosas tan simples como reinstalar a un empleado injustamente despedido, estaríamos ante la posibilidad (al menos teórica) de una destitución masiva en el Congreso, lo cual nos llevaría por un lado a la República de las Leyes, pero por la otra al golpe al Congreso orquestado desde la Corte.
La siguiente pregunta es, ¿a cual legislatura le caería encima esta draconiana actitud?, porque difícilmente sería a ésta, en cuyas tres comisiones del Senado (Gobernación, Radio, Televisión y Cinematografía y Primera de Estudios Legislativos) no se logró sacar adelante la minuta parida trabajosamente en la Cámara de los Diputados para llevarla al pleno.
Y otro asunto de recio debate será la abolición del fuero lo cual tiene sus matices, pues mientras subsista el “juicio político”, la noción misma de separación jurídica no pone a todos rabones ni deja a todos coludos, y si se derriba también la invulnerabilidad de los recintos legislativos y la actuación de los diputados y los senadores en el ejercicio de sus funciones (no cuando se pasan una luz roja), se hará un agujero notable a la salud del Poder Legislativo.
Otros casos hay de “fuero ampliado” o privilegio de casta, como por ejemplo, los sobresueldos por riesgo o la asignación de autos blindados a quienes dicen estar en peligro, así como a sus familiares.
Cualquier director dentro de la Secretaría de Gobernación, por ejemplo, reparte camionetas y guardaespaldas entre sus niños, y cónyuge. Todo eso por fuera (fuero) de cómo vive el resto de la burocracia o la mayoría de los mexicanos.
SILVANO
Hace varios años, en una comida en The palm, de Chapultepec, le dije a Silvano Aureoles, quien buscaba afanoso el gobierno de Michoacán:
— Tu eres el más priista de los perredistas.
Y ahora lo ha confirmado plenamente.
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Rafael Cardona
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