El anuncio que hiciese el vocero del Consejo de la Comunicación, Erwin Salas Juárez al ubicar al estado de Veracruz –de acuerdo a estudios realizados- en el sexto lugar en índice de analfabetismo a nivel nacional. Dicho dato no sorprende a nadie cuando tales cifras de palpan de manera cotidiana en cualquier rincón de la entidad veracruzana. Decir que la entidad ha mantenido un creciente nivel económico es redundante, cuando sabemos que muchas personas interrumpen los estudios de sus hijos a causa de la pobreza extrema que padecen.
Diariamente se puede observar un incremento de personas padeciendo un alto grado de marginación a causa de la corrupción del gobierno. Existe quienes tienen la necesidad de pedir limosna en alguna calle o crucero vial, en donde comercializan algún producto, limpiando parabrisas, haciendo malabares o como traga fuegos poniendo en riesgo su salud. Todo a causa de la imposibilidad que mantienen para cursar sus estudios básicos y así lograr la oportunidad de colocarse en una empresa con un salario seguro para él y sus familias. Es importante resaltar que esta situación origina, que muchas personas al ver la imposibilidad de encontrar un empleo, se dedican a delinquir robando casa habitación, secuestrando, extorsionando y hasta matando a otros seres humanos para poder llevar un estilo de vida que no podrán obtener por no contar con estudios suficientes o por haber perdido su fuente laborar.
Una situación lleva a la otra de manera incontrolada. Acto que ubica a Veracruz en una de las entidades federativas con mayor número de pobreza extrema a nivel nacional. Con información del Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval), la entidad ocupa el segundo lugar con más pobres, teniendo un total de cuatro millones 141 800 habitantes en dicha condición en el 2012 –de acuerdo a su último reporte. http://eleconomista.com.mx/sociedad/2013/07/29/aumenta-numero-pobres-mexico-coneval
Un número que invariablemente debe haber ascendido en el 2015, luego de que muchas fuentes de empleos han cerrado sus puertas a causa del cobro de piso que establece la delincuencia organizada a los prestadores de servicios o comerciantes, o por el plagio de empresarios, dónde la gran mayoría son asesinados por sus captores después haber cobrado millonarios rescates. La omisión de la autoridad ya la conocemos. Muchas veces deja mejores dividendos hacerse el “ciego” que realizar su trabajo.
La situación financiera se palpa de manera cotidiana en todos y cada uno de los sectores productivos de la entidad. Todo esto provoca un descontrol financiero, luego que también el gobierno estatal tampoco coadyuva con la economía de los ciudadanos al aplicar impuestos sin ninguna consideración para el pueblo. Es usual que la autoridad salga continuamente a desmentir las cifras adversas para ellos. El problema que jamás sustenta su dicho al no presentar ninguna prueba oficial que respalde su negación a la cruda realidad social que padecen los veracruzanos.
Comprar voluntades es la forma más cobarde de gobernar, ni tampoco es una salida honrosa para obtener respaldo y credibilidad de los ciudadanos, quienes ya están hartos de los constantes abusos de quienes viven enquistados en el poder. Desafortunadamente para ellos, los ciudadanos no creen en sus absurdas estrategias para convencer a un pueblo con carencias financieras como la que lastimosamente viven la mayoría de quienes residen en alguna congregación, localidad o municipio que conforma a esta entidad.
El endeudamiento a causa de las constantes bursatilizaciones que se han venido perpetrando desde el mandato de Fidel Herrera Beltrán y se continúan instaurando en el gobierno de Javier Duarte de Ochoa es otra de las razones de la crisis financiera que se padece en Veracruz. 80 mil millones de pesos de deuda, cantidad que ninguno de los ciudadanos saben en qué se lo ha gastado dinero el gobernador del estado. Personaje que junto su gabinete, viven como virreyes, gastando a manos llenas, desviando los recursos públicos a sus cuentas personales y comprando propiedades a diestra siniestra, con todo el cinismo que los caracteriza.
El gobierno duartista al no poder controlar su necesidad de robar el dinero del pueblo, ha tenido que hacer “negocio” de todo lo que se puede vender del territorio veracruzano y desviar las prestaciones de los trabajadores; pese que la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos se lo impida y hagan anticonstitucionales todas y cada una de las iniciativas dictadas por el mandatario estatal enviadas al Congreso local en donde sus “borreguitos” aprueban.
Un ejemplo vital es el recaudatorio Reglamento de Tránsito y Vialidad que envío al pleno y que ha originado miles de protestas ciudadanas. Intentando parecer más listo que los ciudadanos, Javier Duarte de Ochoa, pagó el día de ayer –después de sus supuestas modificaciones al documento- a los agremiados tanto del Sindicato de Operadores, Propietarios y Anexos de Veracruz (SOPAVER) y el Sindicato Independiente de Trabajadores Taxistas y Anexos del Estado de Veracruz (SITTAVER) –los cuales violando lo contenido en el Reglamento que supuestamente defienden al presentarse sin placas y obstaculizando calles- salieron a desgarrarse las vestiduras al brindarle su total y absoluto apoyo al gobernador por la iniciativa propuesta con la intención “reformar” la Ley de Tránsito en el estado.
Este tipo de acciones –de gente que se vende por tres pesos- son las que lastiman a la sociedad veracruzana. Intentar burlarse de la inteligencia de los veracruzanos pretendiendo hacer creer sobre supuestos “apoyos” absurdos, es una medida realmente absurda y hasta tonta. Lo peor de la situación, que existan personas con mentes tan estrechas como esos “chafiretes” comprados –que no merecen realizar la digna labor este gremio- que intenten hacer creer a la población que los excesivos montos de las multas recaudatorias que aspira imponer Javier Duarte a los ciudadanos son “favorables”. En verdad es no quererse ni un gramo. Mañana los veremos a estos 500 agremiados de dichos sindicatos “charros” manejados desde palacio de gobierno, llorar por las multas que les impongan los oficiales de Tránsito que pretende indebidamente estipular el gobernante en turno.
Afortunadamente la población informada sabe que dicho Reglamento de Tránsito y Vialidad son anticonstitucionales, por lo tanto, deberán de promover sus amparos ante la autoridad competente para impedir que la “Ley Herodes” del gobierno duartista no proceda y se queden en una aspiración a continuar robando al pueblo.
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