Incendios, becas, investigaciones y pericias/ El Cristalazo

La participación de tantos y tantos expertos, peritos, técnicos, estudiantes de la inasible conducta del fuego (¿pirósofos, pirólogos?); especuladores, fiscales, activistas con o sin pasaporte argentino, hispano, guatemalteco o de donde sea; merolicos vulgares, sabios de ocasión, genios improvisados al cuarto para las doce; curas, policías y cuanto hay en la viña del Señor, ha convertido el asunto de Cocula en un auténtico basurero donde pepena medio mundo.
–Una mitocondria, un ADN, por el amor de Dios; una astillita, por favor, como sea su voluntad y Dios se lo pague…
Cada quien busca su astilla de hueso, su trozo de chamarra, su miligramo de coágulo, cada quien usa sus hallazgos no para llegar a la verdad (histórica o simplemente real) sino para descalificar la versión oficial no por exacta o imprecisa, sino por confirmatoria de la muerte de aquellos a quienes la proclama callejera exige vivos de toda vitalidad a sabiendas de lo imposible del asunto.
A fin de cuentas aceptar la muerte de los 43 normalistas en Iguala terminaría jurídicamente con la siempre vigente acusación del delito imprescriptible de la desaparición forzada (violación de los derechos humanos por la participación policiaca; no del Estado nacional, sino de uno de sus eslabones inferiores) y llevaría al caso a otro terreno (meramente del derecho penal) , separado del interés de las comisiones internacionales de derechos humanos y fuera de la materia a los investigadores internacionales, cuyos “mandatos” prorrogados han servido para todo, menos para investigar.
En el mejor de los casos han calificado las investigaciones de otros; se han subido encima de ellas para desmenuzarlas en sus omisiones o insuficiencias, pero ellos mismos no pudieron suplir con la media docena de talentos contratados y pagados por el gobierno  —expertos en el discurso rollerísimo de los derechos humanos— a centenares de técnicos, laboratoristas, químicos, biólogos y demás, cuya labor además de criticable es la única base real para saber (hasta donde se llegue) la verdad de los hechos.
Una verdad a simple vista sencilla: los secuestraron y los mataron en una pendencia de narcotraficantes coludidos con autoridades municipales y estatales de Guerrero. Lo demás son accesorios, como la liga siempre negada entre los movimientos radicales de Guerrero (de Cabañas a sus herederos) y el narcotráfico como fuente de protección y financiamiento.
Los hechos son esos.
Y a esa descripción de sucesos el ex procurador Murillo Karam llamó verdad histórica y en un lapso enorme de navegación por salivosos mares de parloteo y denuncia, ya llevamos kilos y toneladas de papeles, dictámenes, expedientes, investigaciones, análisis en América y Europa, sin lograr una verdad aceptada, aun cuando por naturaleza fuera aceptable.
Hoy se tienen, en apretada síntesis, los siguientes elementos de comprensión e investigación de las cosas:
El documento básico de la PGR, cuyo volumen ha servido para tener algo frente a lo cual inconformarse, como han hecho todas las ONG habidas y por haber, de la Montaña a la Ciudad de México.
La investigación de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, con su treintena de señalamientos ante omisiones e insuficiencias respondida a cuentagotas por el gobierno y su frase consagratoria: “Que hable la ciencia”.
Las opiniones (llamarlas investigaciones es hacerles un favor) del Grupo Independiente de Expertos Internacionales de la OEA, respaldados políticamente por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (léase Emilio Álvarez Icaza, submarino para el 2018) y las superficiales contribuciones a la nada del grupo argentino de expertos en análisis forenses, signifique eso cuanto quiera significar.
Y después el tercer peritaje, dispuesto como una fórmula casi de mediación entre la verdad histórica y la histórica descalificación del trabajo de la PGR.
En esas estamos ahora, cuando los analistas de la ígnea presencia (Grupo Colegiado de Expertos en Materia de Fuego, GCEMF) confirman la hornaza de Cocula y la extinción ahí de por lo menos 17 cuerpos humanos. De esos, o además de esos, se deben sumar las confirmaciones de identidad mitocondrial de otros dos de los activistas muertos, pues ya tenemos 19.
Y los otros 25 cadáveres, o como se diría del rey don Juan y los infantes de Aragón, “¿qué se ficieron?”.
No se sabe, pero algo queda en claro: la inconformidad del GIEI por la exposición de las conclusiones del GCEMF tiene una estrecha relación con el anuncio de Roberto Campa, el subsecretario de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación, quien les recordó con muy buenas maneras y tono institucional, pero firme, cómo se encienden las luces de aproximación para su aterrizaje en otro aeropuerto: aquí ya se les acabó la beca.
En resumen hoy estamos casi igual. El único avance es la paciencia ante el asunto.
A quienes protestan (ahora por haber dado a conocer la información de la hoguera sin su permiso), a quienes quisieron venderle el sacrificio del padre Pro al papa Francisco y llevarlo a Ayotzinapa y secuestrar su viaje; a los vivales leguleyos de la Montaña, a los abogados Rodulfos, Wilulfos; de la Cruz y similares, a  quienes han hecho de todo esto una industria en la ventanilla siempre oportuna y abierta del pago a las víctimas, se les acaban las estrategias y por tanto las municiones.
¡Ay!, Emilio, míralos cómo son…
El gobierno responde a los señalamientos internacionales mediante el contrato extendido de los expertos designados por esas instancias, a quienes se les responde con las puertas y la chequera abiertas y se les explica claramente, señores, todo tiene un límite y si ustedes en todo este tiempo no han hallado nada mejor a los resultados oficiales de la investigación, no los podemos tener aquí “ad vitam” (toda la vida) ni tampoco “ad infinitum” (hasta el infinito) ; porque estaban aquí “ad probantum tantum” (hasta en tanto se probara)  o “ad effectum videndid et probandi (con el efecto de ver y probar), lo cual de ninguna manera ha sucedido; es más hoy, con todo y su enrollamiento, “adhuc sub iudice lis est”  (la cuestión planteada sigue sin resolverse).
Así pues, para nosotros y sus jefes, esto ha llegado (lo de su “mandato”) “ad finem” (al término final).
Así pues, podéis ir en paz… (“ite in pace, ite missa est”), la beca ha terminado.
TORERO
Dentro de todo este embrollo hay un dato interesante: en el grupo GCEMF está al señor José Torero, quien antes militaba en un bando contrario. Él fue quien hace meses, tras una visita de quince o veinte minutos a Cocula, sin mancharse los mocasines, negó la posibilidad del fuego exterminador.
Ahora dice lo contario.
—¿Cómo ocurrió esta conversión?
Nadie lo sabe, excepto él y quien lo haya convertido, persuadido o transformado.
En este mundo se cambia de opinión, de partido político, de religión, hasta de sexo, de cónyuge, de ciudad, de nacionalidad, de país, de profesión, de oficio, de zapatos. Algunos pueden cambiar de equipo de futbol. ¿Entonces, dónde está la extrañeza?
Pero si usted no sabe quién es el señor Torero, le regalo una ficha de su currículo.
“Profesor y director de la Escuela de Ingeniería Civil de la Universidad de Queensland.
“Es miembro de la Real Academia de Ingeniería, la Real Sociedad de Edimburgo y del Establecimiento de Investigación de Edificios [Building Research Establishment-BRE].
“En el año 2008, fue galardonado con la medalla Arthur B. Guise por la Sociedad de Ingeniería de Protección contra Incendios, y en el 2011 recibió la medalla Rasbash de la Institución de Ingenieros de Incendios (UK) por su eminente logro en el avance de la ciencia de seguridad contra incendios.
“Actualmente es el Editor en Jefe de la Fire Safety Journal (publicación de Seguridad contra Incendios).
“Es consultor de muchas organizaciones privadas y gubernamentales alrededor del mundo, y ha participado en proyectos referenciales como las explosiones de Buncefield, Sago Mine,  de la Ciudad de Texas (sic) y  el colapso del World Trade Center”.
O sea, un tanto ojón para paloma.

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