(Papa Francisco, en “El video del Papa 4: pequeños agricultores”, 5 de abril de 2016, http://thepopevideo.org/es.html)

 El 17 marzo de 2015, Región San Quintín, al sur de Ensenada, Baja California, fue noticia en medios nacionales e internacionales por sucesos que recordaron un añejo conflicto que, aunque fue advertido oportunamente desde la academia, permaneció en un marasmo acomodaticio por décadas. En esa fecha, de pleno siglo XXI, quedaron expuestas tres realidades:

UNA. Las condiciones de vida de los trabajadores del campo (los jornaleros) de cara a las insatisfactorias relaciones contractuales con los propietarios de los prósperos ranchos agrícolas de la región (los patrones). Entre otras quejas, se ventilaron los bajos salarios, la pírrica o nula seguridad social, y los malos tratos.

DOS. La respuesta del Estado mexicano ante la manifestación social de inconformidad, consistente en que, antes que el diálogo, impone la fuerza. Cientos de jornaleros fueron reprimidos y decenas encarcelados. El asunto escaló a tal grado que, días más tarde, requirió la intervención de la autoridad federal.

TRES. La notoria influencia de los productores agrícolas de la región en la toma de decisiones en la esfera pública. Es harto sabido que propietarios de ranchos de San Quintín han ocupado, y ocupan, cargos clave en el sector agropecuario del gobierno estatal.

Un año después, en un coincidente 17 de marzo, los jornaleros iniciaron una marcha, que concluyó el día 19 en Tijuana, en la línea limítrofe con Estados Unidos, en una reunión con mexicanos que laboran en los campos de aquel país.

Un motivo fundamental para realizar esta marcha fue que los acuerdos firmados un año atrás no se habían cumplido. Conforme a lo expresado por los afectados, ocurrió que, una vez más, fueron engañados.

La relación laboral sigue siendo eje aglutinador de la desazón. Sin embargo, una reflexión detallada señala que las desavenencias giran en torno a una compleja dinámica, que es política, económica, social, e inclusive ambiental.

En el lado no mediático, y de cara a las condiciones de vida de los trabajadores, lo que los pasados 12 meses y la reciente marcha revelaron, fue el bajo o nulo nivel de compromiso del Estado mexicano para con los sectores sociales desprotegidos, así como el altísimo aprecio que otorga a los sectores pudientes. Ilustrativo de ello son los fallidos intentos para satisfacer las necesidades más elementales de unos, y las exitosas medidas para facilitar la consecución de pingües ganancias de otros.

Baste mencionar el caso del agua, sin duda emblemático en Región San Quintín. Siendo un recurso sumamente escaso, y dada la racionalidad de su explotación, o mejor dicho, sobreexplotación, su relevancia escala a niveles preocupantes. La razón es que, del total del líquido disponible, casi el 93% se destina al sector agrícola (una cifra considerablemente mayor que el promedio nacional), mientras que lo restante es distribuido entre cualesquiera otros usos, entre ellos, los domésticos, con muy bajos estándares de cantidad y calidad.

Evidentemente, como acontece en todo el país, en Región San Quintín el Estado mexicano privilegia una visión económica del uso del agua, y poco repara en que el vital líquido es también un bien público, lo mismo que un derecho humano.

Por todo lo anterior, surge una pregunta: si en Región San Quintín a los sectores desprotegidos (donde se encuentran los jornaleros) se les ha limitado hasta en el elemental derecho de acceso al agua, ¿les será satisfecha la demanda de recibir mejores salarios e incrementar su nivel de vida, no digamos su calidad? En síntesis, en el caso se advierten contrastes y contradicciones, pero también oportunidades. Existen contrastes entre los pocos que tienen mucho, o casi todo, y los muchos que tienen poco, o casi nada. Se detectan contradicciones entre lo que se dice en el papel, y lo que sucede en la realidad, donde los acuerdos firmados junto con la autoridad se cumplen a medias, o de plano no se cumplen. También se determinan oportunidades, pues el Estado mexicano aún puede resarcir las afrentas infligidas a los desprotegidos a cambio recibir productividad, es decir, crecimiento económico, de un sector que, simple y sencillamente, demanda un trato justo y humano.

El asunto comentado no es menor. En el mundo se piensa cada vez más que las iniquidades extremas a nadie convienen; menos, a quienes tienen mucho. Eso muestra el discurso del aspirante a la nominación demócrata para la presidencia de Estados Unidos, Bernie Sanders, y eso confirma la alocución del Papa Francisco en su Video del Papa 4, donde, entre otras cosas, el pontífice agradece a los campesinos su aporte a la humanidad, a la vez que se pregunta cómo retribuir esos esfuerzos.

El problema de la iniquidad, que se ventila sin ambages tanto por un político del país ejemplo de la vena capitalista, como por el máximo jerarca de la Iglesia Católica, debiera ser considerado seriamente por el gobierno mexicano. Que recuerde que “El que espera, desespera”.

@RicSantes