El impacto del nuevo régimen

Para nadie es ya un secreto que México asiste no sólo a un cambio de gobierno, sino a una mutación de régimen y, por ello mismo, implica reformas sustantivas en el diseño institucional del Estado mexicano. De entrada, hay varios indicios que ponen de relieve la afirmación anterior. Veamos.

Primero. El primer cambio notable es que el sistema presidencial que dio vida el PRI y mantuvo el PAN ha entrado en crisis. Sin duda, el presidente electo tiene un poder sin precedentes en la historia contemporánea del país pero, paradójicamente, se ha inaugurado una manera diferente de hacer las cosas que pasa por la libre deliberación pública y el ejercicio de atribuciones del Congreso de la Unión donde los legisladores de MORENA empiezan a actuar con la libertad que les da el marco constitucional y legal. Este inédito cambio, donde cada vez menos se percibe la figura de soldados del presidente al que el PRI-PAN había dado vida, pone nerviosos a quienes nunca han estado acostumbrados a la democracia que hoy empieza a adquirir carta de naturalización.

Segundo. Se maximizan los errores y se minimizan los aciertos que están generándose en este modelo emergente. Así, por ejemplo, se ha puesto el acento en algunas fallas de técnica legislativa de la Ley Federal de Remuneraciones de los Servidores Públicos que transforma de tajo las enormes asimetrías entre quienes han estado en la base y los que todavía están en la cúspide. Se señala que esos errores permitirían una “cascada” de recursos legales que harían nugatorio el alcance de la ley de referencia. Las fallas son cuestiones de forma no de fondo y se tenía previsto en el equipo de transición que habría medidas para perfeccionar esas cuestiones bien por la vía reglamentaria o por el camino de los artículos transitorios. ¿Por qué se aprobó una ley con esas imperfecciones adjetivas? Fue por razones de reconocimiento político a su promotor Pablo Gómez aprovechando que ya había sido aprobada por la cámara de origen, el Senado, no porque hubiera desconocimiento o impericia jurídica. Se priorizó el mensaje de nuevas reglas en serio sobre la forma inocua de la norma. Punto.

Tercero. ¿Qué puede haber una “cascada” de recursos legales? Es posible. Toda persona tiene derecho a acudir ante los órganos jurisdiccionales para reclamar el bien jurídico que considere lesionado. Otra cosa muy distinta es que esos recursos tengan viabilidad de convertirse en normas individualizadas. Habría que recordar que a propósito de la consulta sobre el Aeropuerto surgió un espontáneo que interpuso un amparo contra el presidente electo, desconociendo que en esa circunstancia no es autoridad responsable para efectos de amparo, como así lo resolvió el juez de distrito al sobreseer esa demanda, que, a mi juicio, debió desecharla por notoriamente improcedente.

Cuarto. No sobra reiterar que con la Ley Federal referida han terminado las “pensiones ex presidenciales” y, también – que quede claro- toda ayudantía, seguridad, viáticos y cualquier prestación que no esté prevista en la ley o en un decreto legislativo. En suma, se termina la pensión y todos los demás privilegios. El señor Felipe Calderón se duele de que se le retire su abultada seguridad porque- dice- tomó decisiones contra el crimen organizado, pero no refiere que actuó al margen de la ley en muchos asuntos de su periodo como el “michoacanazo”, la violación del Estado de derecho con las autodefensas en Michoacán lo que permitió, por ejemplo, que el brillante abogado Ignacio Mendoza no sólo defendiera con éxito tanto su causa como víctima del “michoacanazo” sino de los demás imputados, así como la relativa al caso Mireles también agraviado por el gobierno de Calderón. Y se puede enumerar un largo etcétera. Puedo vaticinar, por simple sentido común, que el señor Calderón no tendrá ninguna posibilidad de ganar un juicio para que obtenga una orden judicial inapelable para que preserve los privilegios que hoy goza.

Quinto. Se sostiene, con la ignorancia supina en la mano, que el Poder Legislativo está impedido de reformar las atribuciones del Banco de México a propósito de las comisiones bancarias. Craso error. El Poder Legislativo no sólo puede legislar sobre el tema, sino hacer las reformas, adiciones y derogaciones que considere pertinente de las instituciones en su actual factura legal. Eso, además, en el más estricto cumplimiento del Estado de Derecho. Es más debe pensarse ahora que hay condiciones favorables para la mayoría de la población proceder no sólo a llevar a cabo una reforma constitucional, sino a crear una nueva Constitución que refleje la nueva correlación de fuerzas políticas y sociales que hay en México, de suerte que haya una Carta Magna a imagen y semejanza de las mejores experiencias democráticas internacionales que no se han observado.

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