Cuando la ideología vence a la razón/ Francisco Ávila Camberos/ Reflexiones

Durante muchos años hemos tenido dos teorías económicas en franca competencia. El liberalismo económico y el estatismo. La primera deja a los particulares la tarea de correr riesgos, invertir y crear empleos productivos.

En este caso, el gobierno realiza solamente la función de árbitro para evitar abusos.

En el estatismo, la responsabilidad de producir, distribuir, vender y operar las empresas la asume directamente el gobierno. Cuando esto sucede el Estado deja de ser árbitro para convertirse en juez y parte, en regulador, en empresario, en patrón, en comprador y en vendedor.

Como la función del gobierno es gobernar y no hacerle al empresario, muy pronto  las empresas estatales se convierten en monopolios gubernamentales caros e ineficientes.

Al no tener competencia, la calidad pasa a 2º término y los costos suben.

Los altos precios de los productos y servicios que nos brindan, no son suficientes para evitar que pierdan dinero las empresas del gobierno, por su mala administración.

Llegan a los cargos relevantes políticos todólogos que carecen de capacidad para dirigirlas y solo se dedican a darle  empleo a sus cercanos, contratos a  los  cuates y de paso también al saqueo, dejando a las  paraestatales  en ruinas.

Si bien ningún sistema es perfecto, las diferencias  entre uno y el otro son notorias: En su momento Alemania del Oeste, partidaria del liberalismo económico creció espectacularmente, mientras que Alemania del Este promotora del estatismo comunista retrocedió. Los contrastes entre ambas Alemanias fueron abismales.

Lo mismo pasa actualmente entre Corea del Norte y Corea del Sur.

En México tuvimos décadas de estatismo pernicioso. Alegando proteger la economía nacional, diversas administraciones incursionaron en actividades productivas, desplazando a los particulares.

Algunos ya no lo recuerdan, pero el gobierno mexicano en su momento expropió o nacionalizó el petróleo, la electricidad, los bancos, los ferrocarriles, los teléfonos, los ingenios azucareros,  los cines,  las embarcaciones pesqueras, las  líneas aéreas más grandes y hasta una cadena de hoteles. Fabricaba también camiones y carros de ferrocarril. En prácticamente todas esas actividades perdió carretadas de dinero, que acabamos pagando los ciudadanos.

Afortunadamente la sensatez se impuso, o quizás  fue la falta de recursos para seguir llenando los barriles sin fondo en que se convirtieron las paraestatales, lo que hizo que el gobierno tuviera que vender la mayoría de sus empresas a los particulares, quienes las hicieron rentables o de plano las cerraron por incosteables.

Sin embargo, el gobierno conservó a la CFE y a PEMEX. Las pérdidas anuales de ambas empresas son gigantescas y sangran el erario público.

Algo de apertura se logró en el pasado reciente al permitir que empresas privadas incursionaran en el sector energético.  Esto fue positivo. Los particulares conseguían créditos, traían nuevas tecnologías, generaban empleos y pagaban impuestos. Además, tan solo en el sector eléctrico, una empresa privada genera energía solar o eólica a la tercera o cuarta parte de lo que le cuesta hacerlo a la CFE con sus equipos obsoletos.

Con las reformas aprobadas recientemente por diputados y senadores hemos dado un gran salto, pero para atrás.

Regresamos al pasado, donde el Estado nuevamente aparece como el monopolizador de sectores estratégicos. Esto es una tristeza, porque regresamos a la ineficiencia, al despilfarro, a la incompetencia, a las decisiones erróneas y al burocratismo.

Pronto tendremos que pagar más cara la luz y padeceremos más contaminación, porque varias plantas de la CFE queman combustóleo para producir energía eléctrica.

Además, se nos vendrán encima litigios y demandas internacionales promovidas por quienes invirtieron aquí bajo ciertas reglas que  ahora les cambian de manera unilateral, dejándolos colgados de la brocha.

Esto daña severamente la credibilidad, la imagen y la confianza en México. Pone también al país en riesgo de recibir sanciones por  no respetar lo acordado en los tratados internacionales que el gobierno mexicano ha firmado.

Ojalá y la Suprema Corte de la Nación tome una decisión sensata sobre la Acción de Inconstitucionalidad que varios legisladores preocupados por la situación  promoverán.

Es necesario precisar que la soberanía de un país no depende de quién sea el dueño de la electricidad o del petróleo. Depende de que ese país tenga electricidad y combustibles abundantes a precios competitivos, para que pueda desarrollarse eficazmente.

En los Estados Unidos, la mayoría de las empresas petroleras y de electricidad son de particulares y resulta que esa nación es mucho más soberana que la nuestra, aunque nos  digan todo el tiempo que el petróleo y la electricidad son del pueblo de México.

Extraño y notorio contraste.

A lo mejor nos dicen que somos los dueños de la CFE y de PEMEX para que absorbamos las pérdidas.

¿No les parece a ustedes?

Muchas gracias y buen fin de semana